PSdeG, AGE y BNG acusan al Gobierno gallego de "callar" ante el Estado y de "subordinarse" ante él.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la "pertinencia" y la "responsabilidad" del Gobierno autonómico por impulsar una ley de medidas urgentes con la que se adapta la reforma local de Cristóbal Montoro, con la cual mantiene discrepancias en algunos de sus aspectos, que vienen "impuestos". La oposición, por su parte, ha insistido en que habría que recurrir la ley española al Tribunal Constitucional.
"Hubo cosas que pedimos que se introdujesen, así se hizo y lo valoramos positivamente; hubo cosas que pedimos que se introdujesen y que al final no aparecen; y hubo cosas que pedimos que se sacaran, y no se sacaron. En ese sentido, las cosas que aparecen en la ley, vienen impuestas por la ley y hay que cumplirlas, pero efectivamente, vienen impuestas", ha manifestado en sesión plenaria el dirigente autonómico, quien ha incidido en que la normativa estatal es de "obligada aplicación".
Por ello, ha argumentado que "es responsable" llevar a la Cámara autonómica una ley de medidas urgentes "con vocación práctica, explicativa y aclaratoria para resolver todas las dudas desde la entrada en vigor" de la estatal. "Queremos que surta efectos inmediatos y de seguridad jurídica", ha apoyado.
La ley que ha entrado a trámite por la vía de urgencia tras salvar las peticiones de devolución formuladas por PSdeG y BNG -que contaron con el apoyo de AGE y Grupo Mixto- recoge, entre otras cuestiones, que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso, que condiciona al nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales.
"HABILITADOS PARA EJERCER COMPETENCIAS"
"Es preciso dejar claro que los ayuntamientos gallegos habilitados para seguir ejerciendo las competencias y dejar claro que, sin necesidad de arbitrar informes ad hoc, ni establecer garantías, se pueden seguir ejerciendo estas competencias", ha precisado Alfonso Rueda en su intervención en la sesión plenaria de este martes.
El vicepresidente autonómico ha insistido en que había dos opciones: "Cruzarse de brazos y esperar a ver si el (TC) daba la razón o no, pero los problemas seguirían ahí; o trabajar para encajar la ley de obligado cumplimiento". "Creíamos que la segunda era la vía más útil y, por lo tanto, decidimos dar este primer paso", ha defendido.
Paso que, de hecho, ha sido aplaudido desde las bancadas populares, que han apoyado al Gobierno en esta tarea y, a través de la diputada y portavoz del partido, Paula Prado, han arremetido contra la oposición por su "crítica destructiva" y por moverse, a su juicio, por intereses "electorales" con esta cuestión.
POSICIÓN EN CONTRA
"¡Usted calla frente a la imposición de su gobierno, de su partido; usted calla frente a esta imposición de su compañero de partido!", ha denunciado la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien ha puesto el acento en que la Xunta promueve una normativa "consecuencia de una ley que está recurrida" en el Tribunal Constitucional.
La parlamentaria del PSdeG, que ha descalificado la ley de racionalización y sostenibilidad de Montoro, por "centralizadora" y por atentar contra la autonomía local, ha censurado que los populares "lleven practicando la subordinación y el caciquismo" desde que Gobiernan y ha advertido de las consecuencias para los ciudadanos.
Sestayo ha considerado esta normativa "demonizadora de municipios" y ha desmentido que la Fegamp apoye a la Xunta en esta decisión, como resaltó Rueda en su intervención, alegando -la diputada- que "con la boca pequeña" el presidente de la entidad municipal, el popular José Manuel Rey Varela, sí expresa críticas.
"Ante tamaña provocación no quedó más remedio que agredirlo". Así sintetizó la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, lo que debería haber hecho la Xunta, parafraseando a Luis Buñuel, para manifestarle al conselleiro que debía haber "agredido" con la herramienta de la "legalidad", con el recurso ante el TC, al ministro Montoro.
Y si no, ha agregado, tenían que haber demandado una "moratoria" en la aplicación de la normativa, en lugar de sacar una ley de medidas urgentes, la que se tramita en el Parlamento. A su juicio, se demuestra "a quién defiende" el Gobierno de la Xunta, "a los de arriba".
Tereixa Paz, por parte del BNG, ha advertido a Rueda que la "inseguridad jurídica", que él mismo ha admitido que se creó, se originó por el propio Gobierno central y ha acusado al conselleiro de ser "cómplice y colaboracionista" de la "degradación y expolio de la magra y cativa capacidad de autogobierno".
La parlamentaria nacionalista ha censurado que no se haya recurrido al Constitucional la "infame" ley estatal, que lo es, a su entender, porque "privatiza servicios, invade la autonomía local, es centralizadora y es antidemocrática", porque potencia las diputaciones provinciales. "Se pliegan", ha acusado, para remachar que la Xunta se deja "robar la cartera y las competencias".
"PREFIEREN QUE LAS COSAS VAYAN MAL"
La portavoz popular ha lamentado que los grupos de la oposición "prefieran que las cosas vayan mal, porque así les va mejor", y ha considerado que "no deberían torpedear" esta normativa, porque "parte de la premisa de garantizar los servicios a los ciudadanos".
Por otro lado, en su intervención, Rueda también ha recordado que una vez se apruebe el nuevo sistema de financiación, Galicia acometerá la reforma de la ley local gallega -vigente desde 1997-. "Queda blindado hacer esta reforma", ha asegurado.
