La exportavoz del PPdeG demanda "celeridad en la instrucción de este asunto"
La diputada del PPdeG Paula Prado, cuya investigación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se conoció hoy, ha afirmado en un comunicado que dará "todas las explicaciones convenientes" ante el alto tribunal.
En su escrito, transmitido poco después de que se hiciese pública la decisión de la sala de lo Civil y Penal del TSXG, la exportavoz del PPdeG demanda "celeridad en la instrucción de este asunto", para que la demora no se añada "al perjuicio que ya sufrí por mi indefensión en estos últimos tiempos".
También señala que de los siete supuestos ilícitos que el juzgado de Lugo que instruye la operación Pokemon le atribuía tras sus indagaciones, "la mayoría de ellos, cuatro, carecieron de relevancia para el TSXG".
De los otros tres, subrayó que ofrecerá "una amplia explicación en la fecha que así lo requiera el Tribunal", al que compromete su "completa colaboración".
Paula Prado resalta el apoyo de su partido "durante todos estos meses en los que conviví con mi nombre en los medios sin poder siquiera explicar mis actuaciones".
Insistió finalmente que este respaldo la ha ayudado en los momentos difíciles y es "un estímulo para aclarar con toda rotundidad la legitimidad de mis actuaciones en la Corporación municipal de la capital de Galicia".
El alto tribunal gallego ha informado de que la sala se declara competente para investigar tres de los seis hechos que constan en la exposición razonada remitida por el juzgado número uno de Lugo, al frente del cual está la magistrada Pilar de Lara.
Estos tres hechos relatados, entienden los magistrados, "pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la Administración pública y tráfico de influencias", cuando la diputada era concejala en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Se trata de la autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros, la influencia en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios y la intervención en la resolución de dos expedientes de un local de ocio.
La Operación Pokemon se puso en marcha con el fin de investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas. Las pesquisas llegaron también a Asturias y a Cataluña.
