La oposición reclama al presidente de la Xunta que destituya a la titular de la Consellería de Traballo
El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, descartó nuevas medidas contra las funcionarias ligadas a Consumo e imputadas en la 'Operación Zeta' y que se mantienen al frente de sus responsabilidades hasta que se resuelvan los expedientes informativos que analizan si actuaron o no de manera irregular y advirtió que son "los jueces" y no la Xunta los que "juzgan" lo que "dicen" los sumarios. Tras el Consello, Rueda reiteró que el Ejecutivo autonómico "actuó desde el primer momento" y ha interpretado que a la oposición "le molesta mucho" que se recuerde -e insistió- que la Xunta de Feijóo fue no sólo "la primera" en inspeccionar la forma de desarrollarse los cursos de formación, sino que, cuando detectó irregularidades, las denunció ante la Fiscalía.
"Eso es una realidad que está ahí, que la oposición parece tener interés en negar, pero que demuestra que la Xunta tomó medidas", agregó, antes de esgrimir, en relación a los nuevos imputados de la 'Operación Zeta' que "altos cargos" nombrados por el Gobierno gallego había "uno", el exdirector xeral Odilo Martiñá, y que éste cesó de su cargo.
Al margen de Martiñá, entre los imputados de la causa -que suman ya 30-, se hallan otros dos excargos de la Xunta: el que fue jefe territorial de la Consellería de Traballo en A Coruña y exdirector del área de Servicios Provinciales de la Diputación coruñesa, Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe de Servicio de Empleo de la Xunta Joaquín Vila Sampayo. A estos nombres, se suman los de María Isabel Caramés, jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora de área de la Escuela de Consumo Esther Álvarez. Su citación se ha fijado para el 14 de abril por presunto tráfico de influencias.
Críticas de la oposición
El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, afirmó que con las últimas revelaciones con respecto a la Operación Zeta "han quedado acreditadas las mentiras del PP", porque había "una crisis de gobierno encubierta en una determinada consellería" y el presidente de la Xunta de Galicia debería "comparecer en el Parlamento" para dar explicaciones. "Soy absolutamente prudente cuando hablo de las responsabilidades penales, pero hay unas responsabilidades políticas. Han quedado acreditadas las mentiras del Partido Popular", dijo Besteiro a los medios de comunicación después de participar en un acto institucional como presidente de la Diputación de Lugo. Según Besteiro, la "primera mentira" es "que no empezaron a investigar los primeros", porque "lo hicieron después de que dos trabajadoras denunciaran esos hechos".
"Segundo, estaban diciendo en los últimos meses que estaban haciendo una reorganización de un departamento, absolutamente normal. Ahora se descubre que altos cargos nombrados por el PP fueron separados del servicio y ahora están imputados", añadió.
Peticiones de destitución
La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, afirmó que la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, "debe cesar en su puesto" toda vez que el que fuera su director xeral de Traballo, Odilo Martiñá, ha sido imputado en la Operación Zeta, que investiga un supuesto fraude de ayudas a la formación.
El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, coincidió con AGE y reclamó al titular de la Xunta que quite "de la circulación" a los imputados por corrupción, pues es el único camino para acabar con esta situación. Preguntado por las declaraciones del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en una entrevista a la Cadena Ser en la que abogó por un "consenso" en el ámbito político para dar una mejor respuesta a la corrupción, el nacionalista insistió en que "sin compromisos concretos" por parte del PP y del PSOE "no tiene sentido" ese consenso.
