El Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional que escuche al narcotraficante José Luis Charlín Gama antes de decidir si revisa la condena por la cual fue castigado a penas de 35 años y cinco meses de cárcel por numerosos delitos contra la salud pública.
En una sentencia hecha pública ayer, estima el recurso interpuesto por Charlín y declarada nulo el auto dictado el pasado diciembre por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que se oponía a revisar su condena tras la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal. Charlín, que extinguirá sus penas el 8 de octubre de 2021, solicitó a la Audiencia Nacional revisar su caso. Sin embargo, el tribunal, con el visto bueno de la Fiscalía, rechazó su pretensión al entender que ya le fue aplicada la redención de penas por el trabajo prevista en el Código Penal de 1973 y que fue este criterio el más favorable para el reo.
La Sala de lo Penal del Supremo corrige ahora a la Audiencia Nacional y afirma que la decisión sobre una circunstancia 'relevante', como es la revisión de la sentencia, 'exige que sea oído el reo'. Eso sí, advierte a Charlín de que si se acoge al nuevo Código Penal, vigente desde el pasado 23 de diciembre, no se le podrá abonar como tiempo de cumplimiento 'el período redimido por medio del trabajo'.
La resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, admite así la demanda del miembro del 'clan de los Charlines' que denunciaba que se había omitido el trámite de la 'preceptiva audiencia'.
La Sala de lo Penal del Supremo corrige ahora a la Audiencia Nacional y afirma que la decisión sobre una circunstancia 'relevante', como es la revisión de la sentencia, 'exige que sea oído el reo'. Eso sí, advierte a Charlín de que si se acoge al nuevo Código Penal, vigente desde el pasado 23 de diciembre, no se le podrá abonar como tiempo de cumplimiento 'el período redimido por medio del trabajo'.
La resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, admite así la demanda del miembro del 'clan de los Charlines' que denunciaba que se había omitido el trámite de la 'preceptiva audiencia'.
