El TSXG cree que los plazos no serán un problema en reapertura del caso Alvia

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado reabrir la instrucción iniciada por el accidente de un tren Alvia en Santiago para "aclarar diversos extremos" expuestos en las periciales practicadas, que incidían en deficiencias de seguridad en la vía

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, ha opinado hoy que los plazos no supondrán problemas en la reapertura de la instrucción del caso Alvia.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado reabrir la instrucción iniciada por el accidente de un tren Alvia en Santiago para "aclarar diversos extremos" expuestos en las periciales practicadas, que incidían en deficiencias de seguridad en la vía.

Cadenas, que ha acudido al acto central del día de las Fuerzas Armadas, ha detallado ante los medios que "el procedimiento estaba en la fase siguiente a la instrucción que antecede al posible juicio oral" cuando la Audiencia Provincial "ha ordenado proseguir la investigación, retornar el procedimiento a la fase de instrucción".

Lo hace para que "se realicen determinadas diligencias" que están "relacionadas con periciales" en un procedimiento "habitual" cuando se considera que hay "determinados puntos que merecen ser investigados exhaustivamente" y que luego no se pueden dilucidar durante el juicio oral.

Consultado por la nueva ley, que establece un plazo máximo para los procedimientos de instrucción, Cadenas ha comentado que este ya se había agotado en su momento.

"Quiero poner de relieve que como el procedimiento en el juzgado ya había agotado la fase de investigación y diligencias previas y había pasado a la fase siguiente de procedimiento abreviado", ha comentado.

Ahora el caso "vuelve la fase de instrucción" por lo que "se reabre el plazo porque se reabre el periodo" y cree que en este momento "no constituye un problema el tema de los plazos".

De la causa entiende el juzgado de instrucción número tres de Santiago, al frente del cual está ahora el magistrado Andrés Lago Louro, y que había cerrado la investigación con el maquinista de ese convoy, Francisco José Garzón Amo, como único imputado por el siniestro que el 24 de julio de 2013 se cobró la vida de más de 80 personas y se saldó con más de centenar y medio de heridos.

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