TRIBUNALES - PROVINCIA

El alcalde de Verín no cometió delito en el cierre de un local

Había sido denunciado por supuesta prevaricación, desviación de poder y tráfico de influencias

El lugar en el que estaba el negocio.
El lugar en el que estaba el negocio.
El alcalde de Verín no cometió delito en el cierre de un local

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín, con fecha 1 de febrero de 2018, y habiendo practicado las oportunas diligencias previas de investigación, acordó decretar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa penal abierta contra el alcalde de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo, por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y desviación de poder, un procedimiento  abierto tras la denuncia interpuesta por María del Pilar Blanco Barreira, en relación al cese de actividad de una empresa de mensajería sin licencia.

Entiende el tribunal que en ningún modo el regidor ha llevado a cabo "actuación punible alguna". El juez asegura que no consta que "el alcalde participe o haya tenido una participación directa con el negocio ni que haya influido en el agente de la Policía Local con el fin de obtener algún beneficio económico, pues el cierre del negocio que causaba molestias a los vecinos efectivamente se llevó a cabo".

La denunciante, en representación de la comunidad de vecinos del número 42 de la avenida de Laza, entendía que el regidor había prevaricado al permitir que el precinto de un establecimiento que él mismo había ordenado se efectuase, en vez de a las seis de la tarde, con posterioridad al cierre de atención al público del local y a la retirada definitiva de la mercancía que estaba depositada.

El propio empresario así se lo solicitó al primer edil, quien accedió a telefonear en ese mismo instante al agente de la Policía Local -hermano de la concejala 'popular' María Luisa Valladares- que practicaba la orden de cierre del negocio. 

Al día siguiente, la actividad comercial y empresarial había cesado y en la actualidad ese establecimiento está ocupado por otro negocio completamente distinto. La propia Policía Local, en varias comprobaciones posteriores al día en el que supuestamente se perpetró el delito de prevaricación, reflejó en sus atestados que el establecimiento en cuestión no presentaba actividad alguna. 

Aún así, y pese a los intentos de conciliación ejercidos por el regidor con el grupo de vecinos presidido por la denunciante, simpatizante del Partido Popular y representada por una letrada que ya en su día acompañó al exregidor Jiménez Morán en otro procedimiento contra Gerardo Seoane Fidalgo, ésta decidió continuar con la denuncia contra el regidor, que debió comparecer en el juzgado para explicar la versión de los hechos y acreditar, como así ha quedado probado, que su acción no fue otra "que la de posibilitar al titular de la actividad la retirada de los enseres y mercancía en las pocas horas de la tarde que le quedaban disponibles, entendiendo que de no hacerlo así se le causaría un notable perjuicio que acabó evitándose simplemente por aguardar un par de horas para hacer efectivo el cierre, como así acabó ocurriendo", manifestó el regidor Gerardo Seoane.