PROVINCIA

El fiscal ve prevaricación en la gestión de Gerardo Seoane

Interpuso dos querellas en relación a la contratación ilegal de servicios municipales desde 2015

Gerardo Seoane.
Gerardo Seoane.
El fiscal ve prevaricación en la gestión de Gerardo Seoane

La Fiscalía de Ourense ha interpuesto dos querellas contra el alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, por delitos de prevaricación administrativa en relación a contrataciones ilegales de distintos servicios municipales. Todo ello tras abrir diligencias de investigación tras las denuncias del portavoz del PP en ese ayuntamiento, Juan Manuel Jiménez Morán.

El fiscal jefe, Florentino Delgado, aprecia un delito de prevaricación continuada por "gestionar y sumir directatamente" determinados servicios: limpieza de la piscina climatizada municipal y el servicio de auxiliar de la biblioteca municipal. Según recoge la acusación pública en uno de los dos escritos de querella, "para obtener los trabajadores que habrían de prestar estos servicios optó por atribuirlos de manera absolutamente discrecional y sin ningún procedimiento administrativo que amparara la contratación", obviando los procesos selectivos de personal.

Tras estudiar las documentación aportada, llega a la conclusión que Seoane recurrió a una empresa de su confianza, que facturaba al ente local, para que le proveyera de dos trabajadores que debían encargase de la limpieza de la piscina climatizada y de un auxiliar de biblioteca.

El Concello de Verín tiene bases de contratación de personal fijo y temporal aprobadas por decreto en noviembre de 2014. "No utilizó esta vía legal para así poder contratar a quien el propio querellado quería, sin más consideración", sostiene el fiscal.

La empresa por la que optó Seoane fue -añade el ministerio público- OR-VI Infraestructuras SL, que facturaba regularmente a este Concello por obras. "Tal empresa era una empresa constructora que desde luego no tenía por objeto social la prestación de trabajadores eventuales o temporales ni la prestación de las tareas de limpieza o de gestión bibliotecaria", añade. El fiscal incluso dice que en el caso del puesto de auxiliar de la biblioteca se creo "ex novo" porque no existía como tal en ese ayuntamiento.

La irregularidad de este proceder queda patente -recoge la querella- en "los numerosos y continuos reparos de legalidad" de la intervención municipal para el abono de las cantidades que a modo de nómina recibían los trabajadores. Los reparos fueron "levantados sistemáticamente por los oportunos decretos del querellado". En esos decretos, eso sí, hacía constar que acordaría el inicio de los trámite oportunos para la cobertura de la plaza vacantes de personal laboral existente en la relación de puestos de trabajo.

En este caso, la fiscalía sostiene que no solo no se realizó al contratación por las cauces previstos para la contratación de personal laboral-temporal sino que tampoco se tramitó expediente de contrato de servicios. Argumenta el delito de prevaricación en dos puntos: "La vulneración de los principios esenciales de contratación de personal para el acceso al empleo público" pero también "se superaron ampliamente los umbrales cuantitativos previstos para la contratación menor".

La empresa facturó al Concello de Verín entre febrero de 2017 y diciembre un total de 15.153,46 euros en el caso de la trabajadora de la piscina. Los reparos aluden a la utilización indebida de contratación de servicios en lugar de la contratación laboral de personal, destacando la necesaria cobertura de ese puesto vacante al obedecer a necesidades estructurales, continuadas y permanentes de la Administración local con el consiguiente riesgo de que un juez lo declarase laboral indefinido.

En el caso de la trabajadora de la biblioteca, entre diciembre y agosto de 2018, se le facturaron al Concello un total de 42.412,92 euros.

Los reparos de Intervención se centran en "la omisión en el expediente de los requisitos o trámites esenciales", como, por ejemplo, la no tramitación del expediente de contratación de servicios, superando las cuantías de los contratos menores. 


Servicios de comunicación en entredicho


La otra querella por prevaricación continuada hace referencia a la supuesta contratación ilegal de una persona de su confianza de forma encubierta. Sostiene el fiscal  que para vincularla laboralmente al Concello convinieron entre ambas parte que realizara  servicios de asistencia técnica en materias de publicidad y comunicación. "Este concepto de factuación, que encubría una relación laboral, quería atender un servicio que nunca había sido objeto de realización en el Concello y mucho menos de facturación similar". Según el fiscal, en 2015 se facturaron 6.683 euros; en 2016, 30.683; 31.089 al año siguiente y 6.65 euros en 2018 (hasta el día de petición de la documentación).