El alcalde prepara la documentación que enviará al Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, para personarse en la causa
La adjudicación y posterior paralización del contrato de gestión de radares y multas en la villa ha supuesto otra brecha más en la ya de por sí encarnizada relación entre el actual alcalde, Gerardo Seoane, y su predecedor en el cargo, Juan Manuel Jiménez. Tanto es así que, después de la información desvelada por este medio y en la que se relacionaba la entidad que finalmente acabó siendo la adjudicataria del concurso con la que también estaba siendo investigada en el marco de la operación Enredadera por el juzgado número 2 de instrucción de Badalona (Barcelona), Gerardo Seoane decidió personarse en la causa para remitir todo el expediente a los juzgados catalanes y Juan Manuel Jiménez acaba de solicitar en las dependencias municipales que se le proporcione copia compulsada de todo el expediente para que posteriormente también sea remitido a la Fiscalía para que emita el correspondiente dictamen de su legalidad, o no.
No obstante, el alcalde Gerardo Seoane, preguntado por el particular, desestimará esta petición: "Con un juzgado que lo examine, y más si se trata del que instruye una causa contra la misma empresa con la que se ha contratado en Verín, creo que es suficiente".
Buscando la seguridad
Jiménez defendió ayer la legalidad "escrupulosamente respetada" en la tramitación del expediente de adjudicación: "Fueron los vecinos, después del fallecimiento de un niño de 11 años en la carretera de Laza, los que me pidieron una actuación en ese punto. En un primer lugar optamos por los pasos elevados, pero fue la directora del hospital por aquel entonces la que me remitió una carta desaconsejándome esa opción por la gran cantidad de ambulancias que por esa vía transitaban a diario. Así lo entendimos y decidimos poner en marcha otro sistema que nos permitiese reducir los accidentes y la velocidad en algunas calles. Buscando siempre la seguridad de nuestros vecinos, mi grupo de gobierno decidió la instalación de los radares porque considerábamos que era la medida disuasoria más efectiva para prevenir accidentes. Además, no le iba a costar nada al Concello, y aún por encima recibiría unos ingresos adicionales por el cobro de las multas", apunta.
El exalcalde también quiso puntualizar que "la tramitación de ese expediente se realizó siempre siguiendo los criterios técnicos de la secretaria municipal y del inventor. Es más, una de las compañías que no resultó adjudicataria acabó llevando la concesión a los juzgados y al Tribunal Económico Administrativo y no prosperaron ninguno de los recursos. Lo que ocurre con este caso es que este alcalde, aprovechando la investigación, ha decidido atacar mi honorabilidad como gestor público".
Informes con “singularidades"
Entre la farragosa documentación administrativa, figuran varios informes con alguna que otra "singularidad":
-Dos mediciones entre dos periodos de tiempo distinto arrojan el mismo número exacto de vehículos.
En el año 2013, según la documentación que consta en el expediente, Veicar instaló cuatro aforadores (medidores del tráfico rodado y de sus velocidades) en varios puntos de la villa. El número 1 en la avenida de Laza, 96, entre los días 20 y 27 de febrero. El número 2, esos mismos días, pero en la avenida de Portugal, a la altura del número 155. Los números 3 (avenida de Castilla, 79) y número 4 (avenida de Ourense, Pazos, frente al 92), entre los días 1 y 6 de octubre. Todos proporcionan unos datos de infracciones y posibles sanciones, que alcanzarían, según ese estudio, los 1,4 millones al año.
Seis meses después, entre los días 27 de enero y 2 de febrero del 2014, otra entidad con sede también en A Coruña emite, el 3 de febrero, otro informe certificativo de la instalación de aforadores en los mismos puntos en los que la anterior compañía los instaló. La coincidencia en la apariencia de las fichas técnicas de los aparatos es total. También lo son los resultados de uno y otro documento. Si Veicar registró, en el aforador número 1 instalado en la avenida de Laza, 96, un total de 1.831 infracciones entre los días 20 y 27 de febrero de 2013, el estudio de Seinga Coruña, S.L., en el que se afirma que instaló sus equipos en ese punto concreto entre el 27 de enero de 2014 y el 2 de febrero del mismo año, curiosamente, refleja el mismo número de vehículos con exceso de velocidad. Y así, con todos los demás, es decir, en los otros tres aforadores, colocados por ambas entidades en puntos idénticos, las infracciones registradas durante siete días, pero unas en el año 2013 y las otras ya en el 2014, fueron las mismas y con las mismas velocidades.
-Dos informes, con el mismo redactor, fechados el mismo día pero no coincidentes en el volumen de ingresos previstos y con dos rúbricas del mismo firmante distintas.
En el expediente figuran dos informes de Seinga, fechados el 3 de febrero y con el número de vehículos registrados. El segundo aparece redactado por el mismo técnico, en la misma fecha, pero con cantidades económicas por previsión de ingresos significativamente distintas -149.482,60 euros (cantidad que aparece en el pliego de la secretaria) y 1.358.508,84 euros, respectivamente. Además, pese a tratarse de un documento con el mismo diseño gráfico, tipo de letra y membrete de la entidad redactora, la rúbrica sobre el nombre de la misma persona (Benito Ponte Martínez) es totalmente distinta en uno y otro, como se aprecia en la imagen superior.n
