MONTERREI

El juez desaloja a los okupas, que regresaron a las chabolas

photo_camera Dos trabajadores de Conservación de Carreteras tapando con bloques las casas

Fomento tapia con bloques puertas y ventanas de las casas para evitar que vuelvan a ocuparlas

Las viviendas de las calles San Antón y San Rosendo de Verín, que fueron ocupadas por la fuerza el pasado 1 de agosto por nueve familias, ya vuelven a estar vacías. El Juzgado de Instrucción de la villa desalojó durante el pasado fin de semana a los okupas, que no opusieron ningún tipo de resistencia. Las familias, nada más serles entregada la orden de desalojo por parte del personal judicial, que acudió al lugar acompañado de la Guardia Civil, recogieron parte de sus enseres y regresaron a las chabolas en las que habitaban hasta el pasado día 1 de agosto.

El desalojo de los inmuebles de forma pacífica sorprendió incluso a las mismas fuerzas de seguridad, que temían posibles altercados dado que las familias anunciaron en varias ocasiones que no estaban dispuestos a abandonar las casas al entender que estaban desde hace años libres y no molestaban a ningún vecino.

El desalojo fue rápido y se llevó a cabo con total mutismo, lo que provocó que algunas de las familias se marcharon con lo puesto y tuvieran que regresar en la jornada del lunes a los inmuebles para terminar de recoger sus pertenencias.

Las viviendas son propiedad al 50% del Ministerio de Fomento y de la Consellería de Medio Ambiente, que decidieron tapiar con bloques de hormigón las ventanas y las puertas para impedir que vuelvan a ser ocupadas. Dos trabajadores de Conservación de Carreteras se afanaban ayer en tapiar las puertas y ventanas, al tiempo que otros dos revisaban el interior de los inmuebles para comprobar su estado de conservación y si los "okupas" ocasionaron daños.



“Pedimos una vivienda”

Las nueve familias, todas ellas con niños de entre uno y 11 años, insisten en que necesitan una vivienda para residir como el resto de ciudadanos "No podemos pasar toda la vida en chabolas. En las casas que ocupamos no hacíamos daño a ninguna otra persona, porque llevaban años cerradas y llenas de basura", explicó uno de los desalojados, recalcando que uno de los inmuebles estaba siendo utilizado por un vecino para almacenar trastos. "O sea, una casa puede valer como almacén pero no puede ser habitada. Nosotros solicitamos una vivienda", lamentó.

Las nueve familias regresaron a sus chabolas, situadas en la zona de A Veiga y A Rasela (Verín), que en la mayor parte de los casos carecen de agua y los servicios básicos.

En el Concello declinaron pronunciarse sobre la decisión judicial,al entender que la ocupación de las viviendas no fue "correcta" y sobre la posibilidad de construir en un futuro casas de protección oficial tal y como vienen reclamando las familias desalojadas.

Por su parte, tanto en la Consellería de Medio Ambiente como en el Ministerio de Fomento sostienen que las nueve familias tomaron por la fuerza una propiedad privada "y eso está tipificado como delito en la actual legislación". Recalcan que los afectados tienen cauces legales ante la Administración para solicitar una vivienda de protección oficial.

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