Tendrá que abonar 150.000 euros tras el fallo judicial que anuló la ocupación directa acordada en su día
Las arcas municipales de Verín se preparan para un desembolso notable en las próximas semanas. El Concello tendrá que destinar alrededor de 150.000 euros para pagar el coste de los terrenos ocupados por la construcción del nuevo auditorio, dando así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que obligó al grupo de gobierno actual a restituir la legalidad vigente después de que acabase anulándose la ocupación directa y el acuerdo plenario adoptado por el anterior gobierno municipal, presidido por el "popular" Juan Manuel Jiménez Morán.
Una consultora externa realiza en estos momentos la medición exacta de los terrenos ocupados por el centro de artes escénicas y sus aledaños, con el fin de clarificar con exactitud el número de metros cuadrados de cada uno de los propietarios a los que no se les pudo devolver la titularidad de los terremos por hallarse ya construido el edificio. Según el estudio topográfico levantado, serán alrededor de 10.000 metros cuadrados los que deban abonarse a los diferentes afectados incursos en el proceso, y valorados a la cantidad del precio que fija el tribunal de expropiaciones más el 25% establecido en la propia sentencia condenatoria.
Según confirmó el alcalde verinense, Gerardo Seoane, el informe de la "consultora será presentado al Juzgado, y una vez validado por las partes, comenzará el procedimiento administrativo que concluirá con el abono de las cantidades pertinentes, dando así por finalizado un proceso que su dinero le ha costado a las arcas municipales, tanto en abono de minutas profesionales como en lo que a la condena del incremento del 25 por ciento se refiere", señaló.
El conflicto del auditorio surgió cuando la Corporación que presidía Jiménez aprobó el expediente de ocupación directa de unos terrenos con el compromiso de la rentabilidad futura de los mismos una vez que los polígonos de la zona fuesen edificados.
Sin embargo, algunos de los propietarios decidieron llevar el acuerdo al Juzgado, convencidos de que el acuerdo adoptado por el Concello no era correcto.
