CRISIS EN CATALUÑA

El juez belga rechaza la entrega de exconsejeros catalanes por errores "de forma"

La Fiscalía informó de que no cabe ningún recurso contra esta decisión por parte de las autoridades españolas.
 

El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, rechazó y la euroorden dictada contra ellos por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional.

Según avanzaron los políticos, acompañados de sus abogados, el juez aceptó la petición de la Fiscalía y la defensa de rechazar esta orden de detención europea.

En unas declaraciones, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas explicó que esto da por "terminado" el caso en Bélgica dado que el juez ha dictado sentencia "in voce" -verbalmente-, aunque aún debe hacer pública la decisión oficial, que supondrá la retirada de las medidas cautelares impuestas a los tres políticos "probablemente en las próximas horas".

El pasado 24 de marzo, el juez Pablo Llarena volvió a activar las euroórdenes de detención contra Comín, Serret, Puig, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando éste viajaba a Bélgica desde Finlandia, lo que desembocó en su detención en Alemania.

La euroorden fue reactivada también contra la exconsejera Clara Ponsatí, a disposición de la Justicia escocesa, todos ellos procesados por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

El 5 de diciembre, el juez Pablo Llarena había retirado las euroórdenes cursadas en noviembre por quien en aquel momento era la magistrada competente del asunto, Carmen Lamela.

Tras una vista que duró aproximadamente una hora y media, el juez belga estimó que esa nueva euroorden no se corresponde con la orden de detención nacional inicial, aún vigente, y que no hay "equivalencia" entre ambas.

Según Cuevillas, "la petición cursada por el Estado español era irregular en aplicación de un conocido precedente europeo", la sentencia "Bob Dogi", según el cual "para que pueda cursarse una orden europea de detención, ésta tiene que estar respaldada por una orden nacional de detención".

Se trata del caso del camionero rumano Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en su país y reclamado por la Justicia húngara, al que Rumanía denegó su extradición en 2015 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dio la razón el 1 de junio de 2016.

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