Arrancó la segunda fase del Programa de Movilidad para jóvenes suscrito entre España y Australia, que oferta 500 plazas
Más de 400 jóvenes españoles han obtenido visado para estudiar y trabajar en Australia desde que el pasado mes de noviembre entrara en vigor el Programa de Movilidad suscrito entre ambos países en septiembre. La segunda fase del programa prevé conceder otros 500 visados más.
Según datos facilitados por la embajada de España en Australia, en este mismo periodo han obtenido visado para estudiar y trabajar en España una docena de australianos.
El convenio entre ambos estados contempla la posibilidad de expedir hasta 500 visados para ciudadanos de cada uno de los países con el objetivo de facilitar el conocimiento y la comprensión mutuos mediante el incremento de oportunidades para los jóvenes españoles y australianos, disfrutando de períodos de estancia, que incluyan vacaciones, estudios y experiencia laboral.
Información en la red
Por su parte, la organización Aussie You Too ha anunciado que, ante la renovación hecha por ambos países, organizará esta jornada una charla online para informar los detalles del proceso de aplicación.
El programa de visados está dirigido a profesionales entre 18 y 30 años. Entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes se encuentra la exigencia de al menos dos años en educación superior, buen manejo del idioma, no tener niños a su cargo, o contar con dinero suficiente para sufragar su manutención.
En el aspecto educativo, los que participen en el programa podrán matricularse en uno o más cursos educativos o de formación que no excedan de cuatro meses de duración.
El permiso laboral obtenido para trabajar en cada país no podrá ser superior a los 12 meses, independientemente de la situación nacional de empleo, y los beneficiarios no podrán trabajar para el mismo empleador más de seis meses durante su estancia, a menos que cuenten con autorización expresa del país anfitrión.
Finalmente, ambos estados se reservan el derecho de rechazar cualquier solicitud, denegar la entrada en su territorio o deportar por incumplimiento de sus leyes. Además, cualquiera de las partes puede terminar el convenio en cualquier momento con tres meses de antelación por motivos de seguridad pública, orden público, salud pública o riesgo de inmigración.
