REFORMA CONSTITUCIONAL | ITALIA

¿Qué reformas se han votado en el Referéndum celebrado en Italia?

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Desde la modificación de la ley del Senado a la relación entre el Estado y las regiones, éstos son los temas que se han votado hoy, 3 de diciembre, en Italia

 Estos son los dos aspectos más importantes de la reforma constitucional del Gobierno del primer ministro italiano, Matteo Renzi, aprobada por el Parlamento el pasado 12 de abril y sometida a referéndum mañana domingo:

1) Modificación del Senado, que ya no legislará:

En primer lugar, el Gobierno italiano de Renzi pretende con esta reforma poner fin al conocido como "bicameralismo perfecto", un sistema que otorga las mismas competencias a la Cámara de los Diputados que al Senado, desde hacer leyes hasta investir Gobiernos.

Para ello convertiría al Senado en un órgano de representación territorial sin capacidad para legislar ni para votar la investidura de un nuevo Ejecutivo.

De este modo, de aprobarse la reforma, solo la Cámara de los Diputados podrá legislar.

Uno de los principales objetivos de esta reducción de poderes de la Cámara Alta es facilitar la gobernabilidad de Italia ya que hasta ahora los Gobiernos debían ser investidos por ambas cámaras, lo que ha provocado la caída de muchos Ejecutivos al perder una moción en una de ellas.

Por otro lado la reforma está dirigida a abreviar la tramitación de leyes ya que, al hacer de la Cámara de los Diputados la única sede propiamente legislativa, evitaría que los proyectos de ley se estanquen en su estudio y aprobación.

Y es que el actual sistema exige que un proyecto deba ser aprobado por las dos sedes parlamentarias, lo que con frecuencia ha alargado los plazos de aprobación al producirse una suerte de partida de "ping pong" entre las dos cámaras.

El Senado propuesto por Renzi se limitaría a representar a las instituciones territoriales y a ejercer de nexo entre el Estado y las regiones o la Unión Europea.

Como órgano consultivo, propondrá -pero no impondrá- reformas o enmiendas a los proyectos de ley que la Cámara de los Diputados comience a estudiar.

El nuevo Senado deberá pronunciarse en contadas ocasiones, como en el caso de futuras reformas de la Constitución, leyes que afecten a los gobiernos locales o para ratificar tratados internacionales.

Además, los senadores se reducirían de los 315 actuales a un máximo de 100: 95 serían representantes locales -74 elegidos por los Consejos Regionales y 21 por los alcaldes- y el jefe del Estado nombraría hasta cinco por un mandato de siete años.

Los senadores no cobrarían pero sí contarían con la inmunidad parlamentaria.

2) Modificación de la relación entre el Estado y las regiones:

La reforma de Renzi también afecta a las relaciones entre el Estado y las regiones, reguladas por el capítulo V de la Constitución de 1948.

Lo hace para devolver al Estado una veintena de competencias antes desempeñadas por dichas administraciones, como las cuestiones energéticas, infraestructuras estratégicas, políticas laborales, el sistema de Protección Civil o la gestión de puertos y aeropuertos.

El objetivo es evitar duplicidades y aclarar las competencias de cada nivel administrativo, tras décadas de contenciosos entre el Estado y las regiones ante el Tribunal Constitucional.

La reforma introduce también la "cláusula de supremacía", que permite a Cámara de los Diputados aprobar leyes en materias gestionadas por las administraciones locales "cuando así lo precise la protección de la unidad jurídica y económica de la República".

Asimismo pone fin a la organización del país en 110 provincias, cuyas funciones administrativas se han visto notablemente mermadas en los últimos años.

Otro aspecto importante de la reforma de la Constitución es que pretende reducir los costes de la política y para ello propone la derogación del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNEL).

Se trata de un ente consultivo que ya figuraba en la Constitución de 1948 y que está compuesto por 64 expertos y representantes del ámbito laboral y productivo.

Este organismo es poco conocido en Italia y su mantenimiento cuesta alrededor de 20 millones de euros anuales a las arcas públicas. 

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