Las mayores cantidades son reclamadas por las familias del fallecido y el menor que resultó herido
El juicio ordinario por el incendio ocurrido en noviembre de 2011 en el edificio de las Galerías Magariños concluyó ayer con una quinta sesión en la que declararon tres propietarias de viviendas y locales comerciales y dos operarios encargados de realizar la lectura de los contadores, en cuyo cuadro eléctrico se originó el fuego. La jueza del Número 1 de Carballiño decidirá ahora si los demandantes tienen derecho a las indemnizaciones que reclaman, cuyo importe total ronda los 470.000 euros, y de ser así a quién le corresponden y en qué cantidad.
La cuantía reclamada más importante, 278.000 euros, es de la familia de Edelmiro Mateo, e exconcejal que falleció 37 días después del siniestro a consecuencia de las quemaduras sufridas, según dictamina la autopsia. También está la familia del menor, que sufre graves secuelas estéticas y funcionales, y que pide 176.000 euros. Además, los dos policías locales, que desalojaron a los vecinos y que también resultaron heridos, por lo que reclaman 7.000 euros cada uno. Finalmente, también está la aseguradora AXA con algo más de 2.000 euros por los desperfectos que el incendio ocasionó en una vivienda. Los demandados son Gas Natural Fenosa, la comunidad de vecinos junto con la Mutua General de Seguros, el Concello de Carballiño y su compañía Mafre.
Esta última sesión se prolongó desde las 10,00 hasta las 13,30 horas, ya que tras la declaración de los cinco testigos, los nueve letrados expusieron sus conclusiones.
La actuación de los dos policías volvió a centrar una gran parte de las intervenciones de demandantes y demandados, que calificaron de negligencia el desalojo de las víctimas, que quedaron atrapadas por el humo y las altas temperaturas en las escaleras, mientras que los que permanecieron en sus viviendas no sufrieron daño alguno, como fue el caso de una vecina de la octava planta que declaraba ayer como testigo. Los defensores recordaban que habían arriesgado su propia vida y que estaban formados para la defensa de las personas, no para apagar incendios. Mientras, Mafre pedía que se desestimara la acusación contra el Concello, alegando, además, que la institución no tiene obligación de disponer del servicio de extinción con menos de 20.000 habitantes.
Un cuadro eléctrico inadecuado
Otras conclusiones a las que llegaron los abogados es que el fuego no se originó en los contadores sino en el embarrado (conexión de un cuadro eléctrico a la red que lo alimenta), que supuestamente es responsabilidad de la comunidad vecinal y no de la empresa suministradora. Algo en lo que no coincidía el defensor de la comunidad de vecinos, que achacaba el control de la instalación a Gas Natural Fenosa. También se refirieron al estado del cuadro eléctrico en donde se originó el fuego, cerrado con puertas de madera, pero sin llave, y que supuestamente fue manipulado, lo que pudo provocar las chispas que posteriormente acabaron en fuego. El incendio se producía el 12 de noviembre de 2011 en el cuadro eléctrico.
Empezó como una pequeña llama de un mechero, según declaró ayer una de las testigos. Un vecino intentó sofocarla con un extintor al mismo tiempo que se llamaba a emergencias. Los primeros en llegar habían sido dos policías locales que desalojaron el entresuelo y posteriormente subieron hasta el octavo piso, llamando a las puertas para que la gente abandonara sus viviendas. Una explosión provocó un intenso humo y elevó la temperatura, atrapando a las víctimas en la escalera hasta que fueron rescatadas por el equipo de emergencias.
