O CARBALLIÑO

El Concello de O Carballiño admite que puso multas de forma irregular

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photo_camera Una de las señales que regulan la carga y descarga de mercancías.

La duda radica en la legalidad de las sanciones impuestas en zonas de carga y descarga 

El Concello de Carballiño admite que se produjo un error en el año 2011 al no ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la ordenanza reguladora de los aparcamientos en zonas de carga y descarga de mercancías, por lo que las multas que se pusieron entre las 11,00 y las 13,00 horas son incorrectas. Durante las últimas semanas, los responsables municipales han estado trabajando en el análisis de la situación, intentando recabar información sobre la legalidad de las sanciones y, finalmente, se confirmó lo que se sospechaba inicialmente, que únicamente se publicó la aprobación inicial de la referida ordenanza, pero nunca la definitiva.

En consecuencia, el Concello agiliza ahora la referida publicación para regular la situación, remitiendo la ordenanza modificada en el 2011, mediante la que la prohibición de los estacionamientos se ampliaba desde las 08,30 hasta las 13,00 horas, en lugar de las 11,00 horas, como figuraba en la anterior ordenanza de 2005.

El concejal de Tráfico, Adolfo Nogueira, declaraba que todavía se están comprobando diversos matices a nivel legal como si hay sanciones cuyos infractores ya no tienen derecho a reclamar porque han prescrito y también comprobar el año en que se colocaron las señales nuevas, a partir del cual que se empezaron a poner la multas. Al respecto, el portavoz del PP, Argimiro Marnotes, por entonces alcalde de Carballiño, matizaba que la señalización se instaló bastante tiempo después de la aprobación de la modificación de horarios en el pleno. El edil piensa que fue en torno al año 2013, con lo que se reducirían en gran medida las posibles reclamaciones que puedan surgir, cuya resolución sólo es posible mediante la presentación de un contencioso administrativo.

Nogueira también declaró que el Concello se dirigirá a la Dirección General de Tráfico y a los servicios jurídicos para comprobar si la presencia de la señal avala la actuación policial, pese a que la ordenanza no estuviese aprobada definitivamente. 

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