Fumega negocia para salvar los presupuestos de este año

photo_camera El pleno deberá aprobar definitivamente el presupuesto de 2017

El regidor inicia contactos con Alternativa Vecinal para impedir que la oposición le impugne las cuentas

El alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, mantenía ayer dos reuniones con el portavoz de Alternativa Veciñal, Bernardo García, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la municipalización de la recaudación, a raíz de la polémica que desató la publicación de un pliego de bases en la web del Concello para la convocatoria de concurso público para adjudicar la gestión de dicho servicio. A la vista de las amenazas de Bernardo García pidiendo la dimisión de Francisco Fumega o al menos la reducción de su sueldo a la mitad, al igual que el de otros dos concejales, el alcalde está intentando resolver el conflicto y así evitar que los recursos a los presupuestos de 2017 que anunciaron PP y BNG por falta de documentación se aprueben en pleno, dejando sin efecto el anterior acuerdo favorable a la propuesta socialista.

Bernardo García, Francisco Fumega y la concejala de Hacienda, Rita Soto, analizan la fórmula legal para incorporar al pliego de bases las cláusulas necesarias para que, pese a la externalización de la gestión de recaudación, el Concello pueda asumir este año de forma paulatina hasta un 75% de los impuestos y tasas, dejando para el 2018 el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la recaudación de multas de tráfico.

Mientras el alcalde manifestaba ayer que "estamos negociando", advirtiendo que el servicio no se puede hacer público de forma inmediata y que así ya lo había dejado claro en el pleno, el portavoz de Alternativa Veciñal insiste en que fue la principal condición para dar su voto favorable a los presupuestos, pendientes todavía de la aprobación definitiva.
Además, García apunta que para asumir la recaudación es necesario crear una oficina con el personal y equipos adecuados. En ese sentido, se refiere a la partida de 1.060.000 euros que se contempla en la licitación para la gestión privada durante dos años. 

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