Ourense tiene una tasa de litigiosidad menor a la media gallega y estatal, 104 pleitos por 1.000 habitantes
Los órganos judiciales de Ourense ingresaron el pasado año 32.398 asuntos, lo que supuso una bajada interanual del 2,1 por ciento, tal como revelan los datos del Consejo General del Poder Judicial publicados ayer. Los pleitos descendieron en penal y en la jurisdicción contencioso-administrativa mientras que experimentaron un ascenso en materia civil y, sobre todo, en el ámbito social. La tasa de litigiosidad es de 104,5 por 1.000 habitantes, más baja que la media gallega (118,1) y la estatal (126,1).
Los cuatro juzgados de los social registraron el pasado año 3.702 demandas, un 12,5% más. Fuentes de esa jurisdicción en Ourense atribuyen el aumento de asuntos a dos causas fundamentales. Por un lado, los procedimientos derivados de la doctrina europea que equipara las indemnizaciones por finalización de contrato entre los trabajadores fijos, temporales e interinos (caso De Diego Porras) y las reclamaciones del complemento a mínimos en las pensiones de los retornados de Venezuela (llegaron 369 emigrantes de ese país en 2017).
Por contra, la conflictividad social se aminoró. Según asegura el letrado de la administración de justicia, José Luis Roig, "los despidos bajaron en torno a un 30 o 40%".
En civil, hubo 13.351 nuevos asuntos el pasado año, lo que supuso un 6,4% más. En este aumento, tuvieron un papel decisivo las demandas relacionadas con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física -por ejemplo, las cláusulas suelo-. Según confirman en el juzgado ourensano que resolvió esos pleitos en 2017, hubo casi 700 entre junio y diciembre.
Por contra, en la jurisdicción penal se sustanciaron 14.709 litigios, un 11,2% menos. En los tres juzgados de instrucción de la ciudad, por ejemplo, el descenso fue mayor, un 15,6%. Un dato que se explica en una delincuencia menos activa en el ámbito urbano, aunque desde el interior de un juzgado la interpretación de la estadística entiende más de trasfondo que de números.
El juez decano, Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1, tiene la impresión que 2017 fue un año "de mucho trabajo", aunque reconoce que puso 41 menos sentencias (306 frente a las 347 del ejercicio anterior) y autos (410 frente a 414). "Fue un año de asuntos más complejos en cuanto a las diligencias precisas para su tramitación y dificultad por el número de partes implicadas o la materia en cuestión", explica, para poner como ejemplo los fraudes tributarios y las estafas. A su entender, se consolidó una tendencia evidenciada hace dos años en la que los delitos estrella, en cuanto a incidencia, "son los patrimoniales: hurtos, robos y estafas, sobre todo a través del internet".
Sin olvidar que los juzgados de instrucción perdieron una mochila importante con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a finales de 2015, que sacó del circuito judicial las diligencias por delitos y faltas sin autor conocido. Esto últimos (daños, hurtos, robos, principalmente) provocaban un importante volumen de papeleo sin resultado efectivo y que contribuían a la congestión.
Por último, la jurisdicción contencioso-administrativa sumó 636 pleitos (un -8,4% menos con respecto a 2016) mientras que resolvió 641. Comenzaron el año con 413 pendientes de resolución, un -1% menos que el año anterior.
Los órganos gallegos iniciaron 2018 con 127.810 casos pendientes
Los juzgados y tribunales gallegos resolvieron 314.306 asuntos -1.223 de media- en 2017 y quedaron en trámite al final del periodo 127.810 procedimientos, un 3,3 por ciento más que en el misma fecha del año anterior. Según destaca el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la entrada descendió en penal y en contencioso-administrativo, mientras que experimentó un ascenso en las jurisdicciones social y, sobre todo, en civil.
En total, los órganos judiciales de Galicia ingresaron el año pasado 319.765 nuevos asuntos, frente a los 334.410 de 2016, lo que supone una disminución interanual del 4,4 por ciento. En el conjunto del Estado español, el informe del CGPJ refleja que el número de asuntos ingresados experimentó un incremento del 1,14 por ciento en 2017.
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados fue de 121.667, lo que supone un ascenso del 4,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En 2017, en esta jurisdicción se resolvieron 113.186 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 61.537, un 14,1 por ciento más que a finales de 2016.
Mientras, en la jurisdicción penal entraron 158.040 procedimientos, lo que supone un 11% menos que en 2016. El número de diligencias resueltas fue de 159.446 y el de causas en trámite al final del periodo de 36.862, un 2% menos que el año anterior.
Por su parte, en la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron 8.816 asuntos el año pasado, lo que supone un descenso interanual del 11,7%. Y la jurisdicción social experimentó un incremento en la entrada de procedimientos, ya que los 31.242 ingresados representan un 1,9 por ciento más que en 2016.
