El acusado, según la fiscal, agredió a la hija de un primo bajo amenazas
Hasta 14 años de prisión reclama la fiscal para el verinense Fernando G.F., de 57 años, por un delito de agresión sexual continuada a la hija de un primo, un caso que se verá el 7 de mayo. La víctima, cuando ocurrieron los hechos, tenía 11 años y padece un retraso madurativo (inteligencia límite).
Aunque los hechos fueron denunciados en el mes de junio de 2012, la acusación pública sostiene que las prácticas sexuales comenzaron dos años antes. La fiscal habla en su escrito de calificación provisional de besos, tocamientos en el pecho y hasta penetraciones vaginales. Las agresiones sexuales, tal como en su día declaró la víctima, ocurrían en el interior del coche del procesado, en lugares alejados y ocultos en el monte, dentro del partido judicial de Verín.
La niña, tal como relató, se negó en numerosas ocasiones ya que le desagradaban esas prácticas pero, según dijo, el inculpado la amenazaba con decirle cosas malas de ella a su propio padre para que la riñese y la culpabilizase. Más aún, el acusado le llegó a decir que si su propia esposa e hijos se enteraban sería la culpable de la separación. En alguna ocasión, según su versión, la llegó a amenazar de muerte.
La fiscal sostiene que la víctima en alguna ocasión opuso resistencia al acto sexual pero la sujetó con fuerza con la manos para poder consumarlo. A lo largo de la instrucción judicial no fue posible precisar el número exacto de veces en los que la menor fue sometida a los deseos sexuales del inculpado durante los dos años aproximados en los que sucedieron los hechos. No obstante, precisa que al menos en cuatro ocasiones hubo penetración vaginal.
Mensajes
El último contacto sexual de Fernando G.F. con la víctima lo sitúa a finales de diciembre de 2011, seis meses antes de que fuera interpuesta la denuncia. También, añade, que le enviaba mensajes de móvil con contenidos eróticos.
Por su parte, el inculpado negó los hechos, atribuyéndolos a una maquinación de la menor para perjudicarlo.
El ministerio público, además de los 14 años de prisión, pide para la víctima una indemnización de 80.000 euros así como la prohibición de acercarse a ella a una distancia inferior a 300 metros, con la prohibición expresa de comunicar por cualquier medio o procedimiento, durante 20 años.
