Los abogados resaltan la "inquina" de la denuncia que originó el proceso de las asistencias técnicas
La fiscal, en la cuarta sesión del juicio seguido por un delito continuado de prevaricación administrativa contra seis cargos del bipartito que gobernó la ciudad de 2007 a 2012, ratificó la petición de condena -10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público- para el exalcalde Francisco Rodríguez, la exedil de Urbanismo Aurea Soto (PSOE), los concejales nacionalistas Iolanda Pérez y Fernando Varela así como para los exdirectores xerales Xosé Somoza y Xosé Carballido. La acusación pública y la particular, que ejerce el sindicato USO, consideran que delinquieron al dar entrada a la plantilla del Concello como personal laboral indefinido (no fijo) a tres arquitectos, una aparejadora y un asesor jurídico, a través de contratos menores de prestación de servicios prorrogados indebidamente en el tiempo y que excedían los 18.000 euros al año.
En la exposición de la fiscal, que se prolongó durante una hora, resaltó que la actuación de los acusados hizo posibles "cinco contrataciones que beneficiaron a cinco profesionales designados a dedo", perjudicando a "otros ciudadanos que no tuvieron dicha posibilidad al no abrirse el correspondiente concurso oposición".
El levantamiento de los reparos del interventor por parte del alcalde para poder pagar las facturas mensuales derivadas de esos contratos, los informes de los exdirectores xerales o la firma de providencias de los concejales para validar las contrataciones supusieron "actos de trámite pero con contenido decisorio" que permitieron "resultados injustos", insistió la representante del ministerio público.
Los letrados de los acusados, en sus exposiciones, compartieron más de un argumento, incluidos los pasos que se dieron para poner fin a los contratos de servicio tras las advertencias del interventor, y que el fondo del asunto no era penal sino administrativo. Alguno de ellos, caso de Jorge Temes, planteó un alegato basado en la defensa del todo (los seis acusados y hasta por extensión los políticos del Concello), más allá de la parte (su cliente). Ironizaron sobre la pretendida confabulación entre los acusados que ve la fiscal pero también pusieron el foco, como Miguel Diéguez, en "la inquina" de la denuncia que dio pie a este proceso, rubricada por Javier García Gago, funcionario del Concello y representante de la CIG en la junta de personal, cuya enemistad con Soto era pública y notoria por denegarle el Concello una incompatibilidad para dar clase en la Universidad en horario de mañana, que finalmente le fue reconocida.
El propio Fernando Varela, confesó a la sala en su alegato final, que en calidad de afiliado a ese sindicato, pidió explicaciones y le dijeron que "sólo había una presa a cazar, la edil de Urbanismo, Aurea Soto".
Otro de los argumentos compartidos fue el reconocimiento a la profesionalidad del asesor jurídico José Manuel Oliver (desimputado de este caso por la Audiencia) pero con muchos tirones de oreja. Temes llegó a acusarlo de "dejar a los pies de los caballos a las personas que confiaron en él", en alusión a su versión en este procedimiento penal (sostiene que advirtió de palabra que no se podía prorrogar a los mismos contratados). Pero emitió informe favorable al cobro de las facturas y redactó las providencias, según los abogados.
Soto dice que la fiscalía no la protegió al no aceptar chantajes
En su derecho a la última palabra, la exconcejala Aurea Soto, muy emocionada, reivindicó la profesionalidad de todos los inculpados al frente del Concello de Ourense y criticó la actuación del ministerio fiscal. En alusión a sus compañeros, señaló: "Su única responsabilidad es haberme permitido dirigir la Concejalía de Urbanismo sin someterme a ninguna presión, ni a ningún chantaje, protegiéndome, lo contrario que la fiscal".
En alusión a esta última, le reprochó "ocultar" el decreto que la exedil firmó en mayo de 2013 para poner fin a las asistencias técnicas prorrogadas a esos cinco trabajadores. Y mostró sus desconcierto por un asunto que trascendió al ámbito penal: "En estos cuatro años he intentado entender, saber el porqué. He visto los contratos de servicios en otras administraciones, en otros concellos, en la Xunta, en el Estado, y la jurisprudencia laboral y contenciosa que se han ido generando y se sigue generando. Jamás han salido del ámbito administrativo y laboral, jamás han sido examinados en instrucción penal ni menos en un juicio oral. Y no conozco a ningún gobierno que haya hecho más por corregirlo y en el contexto más complejo", destacó.
Tal como hiciera en su interrogatorio detalló los pasos dados (plan de empleo para interinos, declaración de áreas prioritarias, programas de contratación de funcionarios interinos sin plaza...) para buscar una solución.
