PP y DO pidieron en pleno la dimisión de Agustín Fernández, sin consecuencia legal. En el bronco pleno, el regidor anunció posibles denuncias contra los instigadores y autores de la "conspiración".
En hora y media solventó ayer la Corporación municipal el pleno extraordinario convocado por el PP para que el alcalde, Agustín Fernández, diese explicaciones sobre la urbanización de la calle en la que reside, Clara Corral Aller, y la devolución del aval que había presentado en su día. Eran dos asuntos en el orden del día, el primero, las explicaciones, sin voto, y el segundo, la petición de dimisión, con el resultado de 13 ediles a favor de su marcha y 10 en contra. En un debate prácticamente monopolizado por populares y socialistas al decidir el BNG no asistir a la sesión por ser "un tema que non interesa ós veciños", Agustín Fernández acusó directamente al portavoz del PP, Rosendo Fernández, de "querer crear esta tormenta perfecta para aniquilar a este alcalde e me parece que lle saiu o tiro pola culata". Mientras, el popular tachó en diversas ocasiones al socialista de "pufero".
La dimisión del regidor es realmente una mera formalidad sin consecuencias legales, por lo que el regidor instó a PP y DO a "poñerse dacordo" para una moción de censura. En el momento de esta votación, estaba ausente la concejala "díscola", Mónica Vázquez, si bien el alcalde la disculpó por encontrarse en que "tiña unha comparecencia no xulgado -es procuradora-". El alcalde respondió que "non me van botar. A peza é difícil de abatir" y también pidió a Rosendo Fernández su dimisión porque "o único que fai é traer bronca a este pleno". Según él, "estamos aquí pola súa inquina e odio persoal", de lo que concluyó que "é moi mala persoa".
POSICIONAMIENTOS
En el pleno, al margen de las explicaciones técnicas sobre el expediente de la calle del alcalde, populares y socialistas reiteraron constantemente las tesis que han venido manteniendo desde el inicio de esta polémica, el pasado 20 de marzo, cuando el PP llevó el expediente de la urbanización a la Fiscalía. Así, Rosendo Fernández instó al alcalde -al que se refirió como "presuntamente corrupto"- a "que pague" lo estipulado en el informe del interventor -casi 28.000 euros- y le advirtió de que si deja caducar el expediente, su partido ampliará la denuncia presentada. Mientras, el regidor volvió a esgrimir la tesis conspirativa y acusó al popular de ser "o inductor directo do que pasa coa revisión da miña casa" porque, dijo, "o único que pretende é aniquilar a este alcalde", afirmó.
En su exposición, Agustín Fernández defendió la legitimidad de la devolución del aval de 10.633 euros, tras lo cual criticó la "resurrección anómala" del expediente de su vivienda, que se encontraba ya cerrado y que tiene su origen, señaló, "nun documento falso", del que sostuvo es responsable "non so quen o fixo senón tamén quen o utiliza e se aproveita del. Espero que respondan del", afirmó a los populares, aunque Rosendo Fernández replicó que "ese documento non o levamos nós á Fiscalía" y que, en caso de ser falso, el alcalde debería pedir responsabilidad "á señora Soto, que é a responsable de Urbanismo".
No obstante, Agustín Fernández apuntó que en la investigación judicial deberá responderse, entre otras cuestiones, de "as relacións políticas entre todas as persoas que interviron na resurrección do meu expediente", en referencia a técnicos municipales, -particularmente el ingeniero, militante del PP- puesto que, añadió, "como é posible que ese enxeñeiro faga tanto fincapé no uso da información dese documento falso sendo tan grosera a falsificación e non se dera conta".
Por su parte, Rosendo Fernández aseguró que pedirá una inspección administrativa sobre la subvención de la obra del Plan E por la que se urbanizó la calle en la que reside el regidor porque costó "36.000 euros máis" de lo inicialmente presupuestado, preguntándose si esas cantidades "foron destinadas a súa vivenda (del alcalde), incluido o retranqueo do muro?", algo que negó el regidor. El popular también quiso saber si el socialista pagó el impuesto sobre bienes inmuebles antes de contar con la licencia de ocupación (2007) y si residió en esta vivienda antes de contar con tal permiso, lo que sí admitió Agustín Fernández. Fuentes municipales aseguraron después que el alcalde pagó el IBI como solar hasta la licencia de ocupación y, a partir de ahí, por su casa. Rosendo Fernández acusó al alcalde de "ser como a virxe do puño" y resaltó que las alegaciones del regidor contra el aval de su vivienda -cuando aún no era político- aparecieran en folios de la Agencia Tributaria, en la que trabajaba y le preguntó si los había robado.
