en ourense

Los afectados por el cierre de Aspanas Termal defienden a su exgerente

Tras la absolución, dicen que hubo un "linchamento" y piden responsabilidades a la actual directiva

La plataforma de afectados por el cierre de Aspanas Termal -en concurso se acreedores- piden responsabilidades a la directiva actual de la asociación, presidida por Antonia Masid, tras la absolución del ex gerente de la entidad Juan José Rodríguez, confirmada por la Audiencia. Según este colectivo, el fallo judicial viene a confirmar la estrategia "de linchamento público ao que foi sometido durante anos" Juan José Rodríguez, como los perjuicios causados s las personas a las que representa esta plataforma, "que perderon o emprego e ás que pretenden estafar cometendo múltiples irregularidades no concurso de acredores".

El colectivo señala que "non só non existiu ningún lucro persoal do exxerente, senón que todas as xestións que realizou contaron co visto da anterior xunta directiva de Aspanas e que tiñan como única finalidade preservar os postos de traballo, sobre todo de persoas con diversidade intelectual, que existían nos centros especiais de emprego".

Por ello, la plataforma insiste en que hay una "persecución penal", recordando el concurso de acreedores "cheo de irregularidades", del que responsabilizan a la junta directiva que preside Masid, con el objetivo "único" de lograr "desprenderse do que consideran un lastre para Aspanas, como era o emprego, algo que, por desgraza, xa conseguiron".

Las familias y trabajadores afectados creen que se acredita que quien cometió "fraude" con las personas con discapacidad intelectual y sus familias "foi a directiva de Aspanas, que maquilla a súa situación económica segundo lle conveña aos seus intereses". 


La directiva se defiende


El letrado de Aspanas Asociación, Juan Carlos González, recordó ayer que "ni la querella ni el concurso fueron promovidos por Aspanas Asociación", sino que la primera la puso "el ministerio fiscal" y el concurso fue "voluntario". Además, anunció que se reservan las acciones civiles y penales que consideren oportunas ante "las falsedades manifestadas". 

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