El alcalde de San Cibrao asegura que el 98% del caudal del río en verano son las "aguas fecales tratadas químicamente que salen de la depuradora"
Los vertidos tóxicos al Barbaña han desembocado en una gotera imparable de expedientes sancionadores a los concellos. El más afectado, San Cibrao, el propietario de la depuradora de aguas residuales cuyo aliviadero es ese río, aunque su gestión está cedida a una empresa privada (Espina y Delfín).
La Confederación Hidrográfica Miño-Sil desde que comenzó a operar como tal en 2008 realizó 46 analíticas vinculadas a incidentes detectados por la presencia de espumas o turbidez en ese río. De ellas, 33 incumplieron las condiciones de la autorización dando lugar a la incoación de la correspondiente propuesta de sanción, que siempre se documenta con varias analíticas.
Así, en los últimos seis años, tramitó 11 multas por agresiones al Barbaña. O lo que es lo mismo, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones de vertido dadas a los entes locales.
Todos estos expedientes, salvo uno dirigido contra el Concello de Ourense, tiene en el punto de mira a San Cibrao. Más aún, a la depuradora que da servicio a ese concello, a la que, pese a estar concebida para residuos urbanos, llegan de cuando en vez sustancias tóxica cuyo origen incierto son las empresas emplazadas en las áreas industriales circundantes: Polígono, Pereiro, Tecnópole y Barreiros.
De hecho, según la información facilitada desde el organismo de cuenca, ocho de los expedientes sancionadores están vinculados a la EDAR de San Cibrao (dos de los cuales aún están en trámite). Y sin incluir las cuatro muestras tomadas este verano en relación al la muerte de peces el 14 de agosto (se encuentra en fase previa a la apertura de un expediente sancionador).
Aparte de los expedientes sancionadores vinculados a la depuradora, desde la creación de la CHMS se han incoado otros tres expedientes sancionadores por vertidos al río Barbaña: dos por filtración de sustancias contaminantes desde el polígono de Barreiros a la red de alcantarillado (uno de ellos en trámite) y otro procedente de la red municipal de Ourense.
Pedro Fernández, desde que se hizo cargo de la alcaldía del principal concello implicado, ya tuvo que hacer frente a dos sanciones, la más gravosa para las arcas municipales, de 5.000 euros. El mandatario local reconoce su impotencia para hacer frente a los ataques indiscriminados al río. "Yo soy el primero que quiero que no se mueran los peces pero no tengo una varita mágica para evitarlo", dice. Y pone el acento en un hecho que, según valora, es clave para entender la afectación al ecosistema fluvial: "El 98% del caudal que lleva el río en verano, debido a la sequía, procede del agua que sale de la depuradora, y está claro que en aguas fecales, tratadas con productos químicos, no viven los peces".
Fernández asegura que San Cibrao "no puede hacer más de lo que hace, porque no podemos cerrar las empresas del área industrial más importante de la provincia".
Por su parte, colectivos vecinales como la Asociación Barbaña cree que la vía de las multas está resultando a todas luces inefectiva porque no ha conseguido frenar los continuos ataques al río, máxime porque "esos expedientes no obligan a los ayuntamientos adoptar medidas correctoras".
Ríos Limpos, por ejemplo, recuerda que el Ministerio del Interior, propietario de la prisión de Pereiro de Aguiar, fue multado con 72 euros por un vertido desde su depuradora de Reboredo al río Grañal, afluente del Lonia.
