CONCELLO DE OURENSE

El PP propondrá bajar el IBI municipal un 5%

Jesús Vázquez explicó que “es lo máximo que permiten los técnicos”

La junta de gobierno municipal aprobó ayer modificar la ordenanza fiscal relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles, contemplando una rebaja del 5%, que es "o máximo permitido polos técnicos para poder garantir que o Concello poida manter ao día os pagos e en funcionamento os servizos municipais", según explicó el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez.

En la actualidad el tipo de gravamen municipal de este impuesto es el 0,54 %, un tipo que se encuentra en la franja baja de los límites que fija el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, que dice que el gravamen puede ser como mínimo del 0,4% y como máximo del 1,3%. Con esta modificación, el gravamen actual del 0,54% pasará a ser del 0,51 por ciento. La reducción se aplicaría en los 131.361 recibos que se remiten cada año (129.811 referidos a los bienes de naturaleza urbana y de características especiales y 1.550 de naturaleza rústica).

El importe total de los recibos expedidos en el presente año es de 32,9 millones de euros y con la aplicación de esa reducción del 5 % se recaudarían por parte del Concello en torno a 1.600.000 euros. El regidor aseguró que esta pérdida de ingresos no afectará a los servicios municipales, ya que esas personas contarán con más liquidez y pueden abrir negocios que también deberán pagar sus licencias de apertura al Concello.

En la nueva ordenanza se proponen también mejorar el tratamiento fiscal de la Universidad, estableciendo una bonificación del 95%, el máximo legalmente permitido.

El Concello quiere reconocer así "o papel fundamental que xoga a Universidade na nosa cidade e establece esta bonificación, coa finalidade de que a institución poda destinar os seus recursos á docencia de calidade e á investigación de excelencia, pero tamén, e sobre todo, ao estudantado", dijo el regidor.

Añadió que esta bonificación va ligada a que haya inversión en mejorar esa calidad educativa. Igualmente se aprobó por parte de la junta de gobierno eliminar la necesidad de acuerdo expreso de los interesados en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial con atribución de la vivienda familiar a uno de los titulares, con lo que ya no se necesitará autorización del otro titular para proceder a la modificación de la titularidad.

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