La acusación pública atribuye a Cipriano Caamaño un supuesto delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias
El alcalde de la localidad ourensana de Boborás, Cipriano Caamaño, ha sido citado a declarar el próximo 12 de mayo como imputado por un supuesto delito urbanístico, después de que el Juzgado haya aceptado la solicitud de aplazamiento solicitada por su defensa, para poder estudiar toda la documentación.
En un escrito con fecha de ayer la defensa solicitaba este aplazamiento ante la "imposibilidad" de estudiar en "tan corto plazo de tiempo" toda la documentación de la querella, relativa a la tramitación del plan urbanístico así como el proceso judicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anuló la delimitación del núcleo de Boborás.
El regidor, del PP, estaba citado el próximo este jueves a las 12:00 horas a declarar como imputado por los presuntos delitos de falsificación de documento público, prevaricación urbanística y tráfico de influencias, aunque finalmente ha sido convocado a declarar el 12 de mayo.
La acusación pública le atribuye un supuesto delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias, tras haber certificado la existencia en 1999 de una vivienda que fue realizada diez años después.
Según un denunciante particular, el alcalde se "inventó" una edificación para justificar una ampliación del núcleo rural tradicional de A Almuzara con el fin de que "quedase incluida en el mismo la parcela del alcalde y su esposa, y legalizar así una vivienda suya".
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó la demanda parcialmente, en lo referido al núcleo rural, pues "el tope" establecido para núcleo rural tradicional, de 50 metros desde la última edificación.
La oposición acusó al alcalde de ampliar la delimitación del núcleo rural tradicional, al objeto de incluir en él la parcela propiedad del alcalde y de su esposa, y así legalizar la edificación, que "comenzaron después, a partir de 2008".
El alcalde deberá responder ante el Juzgado de O Carballiño sobre dicha certificación, a raíz de la denuncia presentada por los ediles de Move Boborás, PSOE y BNG y un particular.
