El exregidor, Francisco Rodríguez, rehusó declarar mientras que los otros ediles defendieron a Soto
El alcalde de la ciudad , Agustín Fernández, defendió ayer ante el juez de Instrucción 1 el proceder de la junta de gobierno en 2007 y 2009 para legalizar el párking subterráneo de la plaza de San Antonio y el acuerdo que acordó indemnizar a Aurora Montero con algo más de 300.000 euros al objeto de legalizar la urbanización. Esta última había denunciado al Concello por la pérdida de luces en su vivienda de la calle Bedoya, lo que sustanció una sentencia que le dio la razón y ordenaba la demolición de las edificaciones de la plaza de san Antonio, en caso de pedir su ejecución.
Precisamente, ayer comenzó la ronda de declaraciones como imputados en un delito de prevaricación de los miembros de las juntas de gobierno que refrendaron esos acuerdos.
Las declaraciones de cinco de los imputados, sin asistencia del ministerio fiscal, no se prolongaron más de hora y cuarto. Sólo el exregidor del PSOE, Francisco Rodríguez, no quiso declarar ante el instructor. Según explicó su letrada, su cliente no tiene nada que aportar a un procedimiento penal que carece de argumentos que lo sostengan y que, en todo caso, cuestiones como la clasificación del suelo o la cuantía de la indemnización deberían estar dilucidándose en la vía contencioso-administrativa y no en la penal.
Tanto el actual mandatario local como el resto de imputados -la edil Ana Garrido, y los exconcejales Demetrio Espinosa (PSOE) y Alexandre Sánchez Vidal (BNG)- refrendaron esos acuerdos elevados a la junta de gobierno porque los informes técnicos y jurídicos eran favorables, dando su confianza a la gestión de la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
El alcalde de Ourense mostró su "sorpresa y perplejidad" por su imputación, defendiendo la legalidad del expediente. "Se trata de un expediente del que me siento especialmente satisfecho porque se consiguió evitar la demolición de todas las edificaciones de la plaza de San Antonio, que supondría un coste de casi 40 millones de euros para el Concello", comentó Fernández.
En cuanto al aparcamiento, la junta de gobierno, conformada en 2007 por PSOE-BNG, concedió licencia de obra, ocupación en el subsuelo de dicha plaza. El tema fue denunciado por la vía contencioso-administrativa y concluyó con una decisión del TSXG que avaló la decisión municipal, según el alcalde.
El grupo Democracia Ourensana, que tiene dos concejales, inició el procedimiento penal, que prosiguió el entorno del promotor inmobiliario Bautista Rodríguez.
De haber hecho frente a la demolición, recordó Fernández, habría significado "la quiebra" del Ayuntamiento, por lo que el municipio procedió a legalizar la situación de los edificios. Precisamente ayer el juez les preguntó a los imputados por si no consideraban elevada la cuantía de la indemnización a Aurora Montero.
Hoy comparecerán la concejala Marga Martín y los exconcejales nacionalistas Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas.
