Defendió la decisión de la junta de gobierno en la plaza de San Antonio 'porque evitó su demolición'
"Creo que o comportamento desa xunta de goberno foi legal e foi irreprochable". Así defendió ayer el alcalde, Agustín Fernández, la actuación de las juntas de gobierno de 2007 y 2009 imputadas ahora por presunta prevaricación después de que, en sendos acuerdos, concedieran licencia de actividad al parking de la plaza de San Antonio e indemnizaran con 358.000 a la particular que había denunciado la urbanización, amenazada entonces de demolición por orden judicial. Es más, el regidor aseguró que "hoxe volvería facer o mesmo porque o drama social e o custe económico para o Concello -de la demolición de la urbanización, valorada entonces en 40 millones de euros- sería inmenso".
El alcalde, que en el momento de los hechos era concejal de Economía, aprovechó también para "reclamar dos veciños (de la plaza de San Antonio) o seu apoio, eses veciños que viñeron agradecer as nosas xestións e que conseguimos que non se demoleran as súas edificacións. Actuamos sempre en defensa dos seus intereses". A nivel legal, Fernández destacó que ambas decisiones "estaban avaladas polos informes técnicos correspondentes" y que las licencias de ocupación a los edificios y de actividad al estacionamiento se realizaron "de acordo ó Plan vixente entonces, o do 2003, e cun auto do Tribunal Superior de Xustiza que avalaba esa conducta".
“Un abuso de dereito"
Esta nueva imputación -la tercera para el alcalde- es, para Fernández, "un modelo claro de instrumentalización da Administración de Xustiza, que se deixa arrastrar por estas denuncias que, para min, son un auténtico abuso de dereito. Non se busca defender intereses colectivos". Y es que la denuncia que dio pie a la investigación judicial sobre la plaza de San Antonio fue presentada por Democracia Ourensana, aunque después fue la hija de un promotor (Bautista Rodríguez) la que formalizó la querella.
Fernández reclamó, además, "un trato xusto e igual para todos", en alusión a que el fiscal informó que se archive la querella presentada contra la junta de gobierno que compró material a la empresa de Gonzalo Pérez Jácome sin procedimiento administrativo.
