Los tres respondieron sólo a preguntas de fiscal y juez, ya que ni los sindicatos ni el PP están personados.
El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández; el exalcalde Francisco Rodríguez; y la edila de Urbanismo, Áurea Soto, imputados por los últimos cinco contratos de asistencias técnicas del ayuntamiento, acudieron este lunes a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, donde defendieron que las asistencias técnicas "son estrictamente legales" y están contemplados en la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
Antes de entrar al Pazo de Xustiza, al que llegaron juntos, el actual regidor avanzó alguno de los argumentos relativos a su declaración y tres horas después, a la salida, relató que respondieron a todas las preguntas y cuestiones planteadas por la fiscala y el juez, pues no había más abogados que los suyos.
"Quedó meridianamente clara la actuación de los tres al contratar de forma legal con asistencias técnicas hasta 2013, y que entonces, después de que yo tomase posesión como alcalde, decidimos cesar a estos contratados en áreas concretas, como la de Urbanismo, donde tenemos necesidades estructurales de personal", detalló el regidor.
Las cinco asistencias técnicas por las que declararon son el centro de la denuncia presentada primero por los sindicatos CIG y USO, y luego ampliada por el PP, aunque ninguno de los denunciantes está todavía personado en la causa, pues fue rechazada esa condición por el Juzgado de Instrucción número 1 y pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que presentaron tanto las organizaciones sindicales como los 'populares'.
PRIMEROS IMPUTADOS
Los tres políticos son los primeros que declaran como imputados en relación a las asistencias técnicas que, tras ser cesados en 2013, acudieron al juzgado y fueron readmitidos como laborales indefinidos tras la sentencia que consideró sus despidos como improcedentes.
Se trata de cuatro arquitectos y un abogado contratados en el área de Urbanismo. Todos ellos declararon ya como testigos en este caso, igual que lo hicieron antes que ellos el interventor municipal y tres funcionarios.
Agustín Fernández detalló que los contratos de asistencias técnicas "son muy habituales en cada una de las administraciones" y concretó que se puede comprobar, entre otros, en el informe del Consello de Contas de 2010 sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma.
"En ese informe, se pone de manifiesto una diversidad de asistencias técnicas en 500 casos que fueron readmitidos luego por sentencia judicial, así que aquí estamos para responder a todas las cuestiones, como haría cualquier ciudadano, sobre un tema legal", comentó Fernández antes de entrar al juzgado.
Además, recordó que la denuncia presentada por sindicatos y PP se debe "al tipo de oposición que hay en Ourense", a la que criticó por "instrumentalizar la Justicia, única y exclusivamente para desgastar a un gobierno". También se refirió a los sindicatos CIG y USO para repetir, como en ocasiones anteriores, que su denuncia "se enmarca en el expediente de compatibilidad pedida por un funcionario municipal y que le fue denegada".
Por su parte, en la denuncia presentada el 29 de octubre de 2013 por CIG y USO se aludía a la actuación "supuestamente ilegal" de la actual Corporación municipal, a la que acusaron de prevaricación y malversación de caudales públicos.
HISTORIALES DE IMPUTACIONES
El alcalde de Ourense declaró por primera vez como imputado en el caso de las asistencias técnicas pero tendrá que hacerlo, al menos una segunda vez, como integrante de la Junta de Gobierno local que aprobó la adjudicación de obras en la calle Bedoya.
Por su parte, el exregidor Francisco Rodríguez acudió por primera vez al juzgado de Ourense como imputado, como él mismo comentó, aunque ya lo había hecho como testigo en el juicio de los paneles informativos y en el juzgado de Lugo, ante Pilar de Lara, como imputado en la Operación Pokemon, que fue la causa de su dimisión como alcalde en 2012.
Rodríguez también deberá volver al Pazo de Xusticia de Ourense como imputado para declarar por las obras de la calle Bedoya, adjudicadas en 2008, cuando era el regidor. Esta declaración aún no cuenta con fecha fijada, pues tanto Rodríguez como la edil de Urbanismo, Áurea Soto, presentaron un escrito de recusación del juez Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción número dos, pendiente de resolución en la Audiencia Provincial.
Por su parte, la edil de Urbanismo acude al juzgado como imputada por tercera vez, ya que antes lo hizo por la denuncia de un promotor al que no permitió acceder a documentación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal antes de su exposición pública, y por otra del mismo denunciante por dar licencia de ocupación a la residencia universitaria situada en el campus, sin tener urbanizado el entorno.
Tras la declaración de este lunes, Soto tendrá que hacerlo también por una construcción en la plaza de San Antonio y una quinta vez, por ahora, como integrante de la Junta de Gobierno que adjudicó las obras de mejora de la calle Bedoya, todas ellas en el Juzgado de Instrucción número 2. Sin embargo, en el último caso está pendiente de que la Audiencia resuelva el escrito de recusación contra el juez, que ya había llamado a declarar a los nueve políticos de la Junta de Gobierno de 2008, tres empresarios y un funcionario.
