DECLARACIÓN EN LOS JUZGADOS

El alcalde ve las asistencias técnicas contratos “estrictamente legais"

Francisco Rodríguez, Áurea Soto, Agustín Fernández y sus abogados antes de la declaración (XESÚS FARIÑAS)
photo_camera Francisco Rodríguez, Áurea Soto, Agustín Fernández y sus abogados antes de la declaración (XESÚS FARIÑAS)

Declaró ante el juez que la Xunta llegó a emplear a 500 personas del mismo modo, según el Consello de Contas de 2010.

El alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, declaró ayer por primera vez como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense a raíz de una denuncia presentada por CIG y USO -y ampliada por el PP- por supuesta prevaricación en la contratación de asistencias técnicas externas. Antes que él, habían contestado a las preguntas del juez y la fiscal la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y el exalcalde Francisco Rodríguez.

La denuncia se centra en la contratación de cinco profesionales para realizar servicios concretos en el ámbito de Rehabilitación y Urbanismo y que, posteriormente obtuvieron mediante sentencia judicial el reconocimiento de personal laboral del Concello. El regidor, el único que hizo declaraciones a los medios, defendió ayer que este tipo de contratos son "moi habituais en todas as administracións e estrictamente legais". Fernández puso como ejemplo el informe del Consello de Contas do 2010, de la Conta Xeral da Xunta de Galicia, que refleja que "arredor de 500 persoas se convertiron en laborais indefinidos por sentencia xudicial" y atribuyó la denuncia al "tipo de oposición coa que contamos, que instrumentalizan a administración de Xustiza para desgastar a un goberno". Posteriormente, y en la línea de lo que había declarado ante el juez, el regidor aclaró que si en 2013 se decidió cesar estas asistencias técnicas fue porque "as necesidades de Urbanismo son estructurais" y su intención era "contratar a persoal interino que lle dera estabilidade a estes postos de traballo".

La primera en declarar fue Áurea Soto, que lo hizo durante unos 40 minutos. En sus respuestas, Soto recordó que cuatro de los cinco contratos denunciados corresponden al ámbito del PERI -el otro es un jurídico de Urbanismo- y comenzaron en los años 2008 y 2009 y que no fue hasta 2012 (a raíz de la operación Pokemon, en septiembre) cuando ella asumió esta área, estando en manos de ediles nacionalistas hasta ese momento.

Tanto ella como Agustín Fernández explicaron al juez, además, que con la llegada de éste último a la Alcaldía se decidió sustituir las asistencias externas por sistemas de interinidad, puesto que los puestos en el área de Rehabilitación eran necesarios ya que desde 1997 se había contratado por asistencia externa al personal. Según su testimonio, esto no fue posible y en mayo de 2013 un decreto ordenó no continuar con estas asistencias. Cuando los afectados acudieron a Magistratura, el Concello optó por readmitirlos (en vez de indemnizarlos) porque, según Soto, necesitaban gente dentro del servicio y "sus plazas podrán salir a concurso".

Mientras, las declaraciones de Rodríguez (la más extensa de las tres) y de Fernández se centraron en el levantamiento de los reparos del interventor al pago de estas asistencias técnicas. Ambos coincidieron en señalar que lo hacían para pagar un servicio prestado y con los informes de personal del servicio. El único criterio, dijo Fernández, era comprobar que los servicios se habían realizado. Rodríguez afirmó que desconoce el criterio para contratar a esas cuatro personas pero que hubo informes favorables del interventor y el asesor jurídico.

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