No es casual que en la mesa del despacho del presidente de la Audiencia de Ourense, Antonio Piña, el protagonismo lo acaparen las fotos de su familia.
No hay papeles ni legajos, en la mesa de trabajo de Antonio Piña, presidente de la Audiencia de Ourense. Una lámpara y dos portarretratos a doble cara con imágenes de su mujer y tres hijos. Sus prioridades en la vida -dice- están más claras que nunca desde que un problema de salud lo apartase del trabajo durante seis meses.
Alejado del foco mediático tras su llegada al órgano colegiado a finales de 2014, concede una entrevista, aplazada en numerosas ocasiones.
Dos años y medio alejado de la instrucción judicial. ¿Echa de menos la primera línea en el campo de batalla?
Para nada. Siempre me gustó mucho el contacto con la gente y pensé que iba a echar eso de menos, pero la labor que se hace en la Audiencia es más reflexiva, más estudio, consulta de bases de datos, jurisprudencia... Me encuentro muy a gusto aquí.
El trabajo es más relajado. ¿No?
Es distinto. Te sientes más amparado en las decisiones que tomas porque son colegiadas. Deliberamos todos, no hay decisiones individuales y cualquier error o discrepancia te sirve para aprender mucho y para que la resoluciones tengan más calidad.
Pero reconocerá que se trabajacon menos presión...
Sí. Hoy estar en primera línea significa estar sometido a muchos ataques y aquí estás más protegido. Además, la instrucción, últimamente, se ha convertido en el destino más complicado dentro de la carrera judicial.
¿Quizás porque ahora jueces y fiscales son más cuestionados?
Hay mucha carga de trabajo y cualquier error tiene una repercusión muy grande. Debes afinar mucho, pese a que la carga que soportas te obliga a trabajar con rapidez.
Tengo la impresión que el expediente disciplinario que abrió y después archivó el CGPJ (se cuestionó un auto en el caso de la ayuda a domicilio) le afectó demasiado. Es más reticente a los medios...
No es por eso. Que alguien cuestione tu trabajo, duele y molesta. Lo que pasa es que tuve el apoyo de toda la carrera y me sentí muy reconfortado. Pero no me gusta que cualquier manifestación pública dé lugar a veinte mil comentarios e interpretaciones o desvirtuar el sentido de mi profesión, que son las resoluciones judiciales. Creo que es mejor ampararte en las resoluciones judiciales que estar en las redes sociales.
¿Es ahora más sensible a la crítica?
No, no es eso. Han cambiado los tiempos. Mucha gente me sorprende con la ligereza con la que habla de las resoluciones judiciales, algo complicado si no conoces el procedimiento a fondo. Leo críticas de ciudadanos con demasiada alegría. La justicia genera una opinión que muchas veces no es acorde con la realidad.
¿Críticas de ciudadanos o cuestionamientos políticos?
De ambos... Insisto, aquí se trabaja con absoluta independencia.
¿El contratiempo de salud le supuso un punto de inflexión?
A veces la vida te pone obstáculos en el camino y si pasas por un periodo complicado de salud te replanteas todo. Las prioridades ya no son mi carrrera profesional ni el trabajo, van hacia otros ámbitos más personales.
El caso de la ayuda a domicilio que inició en 2012 aún sigue en el juzgado que usted dejó. ¿Cómo se lo explica?
No conozco nada de ese caso. Le corresponde al juez y el fiscal el impulso del mismo. Además, no formo parte de la sala cuando vienen casos de mi antiguo juzgado.
¿Los tiempos de resolución en Ourense son los adecuados?
En la mayoría de los asuntos, sí. No niego retrasos, pero si vemos los tiempos de respuesta de las estadísticas somos una provincia privilegiada. Aquí señalamos en dos o tres meses, como muchos seis, en Madrid, dos años.
Se lo digo porque se ven muchísimas sentencias con menos pena por las dilaciones indebidas.
Hubo un tiempo que llegaron a los juzgados asuntos complejos que conllevaron instrucciones muy dilatadas porque a veces es difícil, por ejemplo, tramitar un asunto fiscal con muchas partes. También pueden faltar la experiencia o los medios técnicos. Pero no puede olvidar que, en gran medida, tienen culpa las partes cuando todo se recurre. En esta Audiencia, resolvemos recursos de apelación de prisiones con un mes. Ninguna Audiencia lo hace, y es una garantía para el ciudadano.
En la sección civil, los tiempos no son tan buenos.
Hay mucha bolsa de asuntos y eso genera atrasos. Necesitamos una cuarta plaza para un nivel óptimo. Hemos pedido en dos ocasiones una comisión de servicio y se denegó. Las tres magistradas están trabajando por encima de los niveles marcados por el CGPJ, por encima del 120%.
La nueva oficina judicial que se implantará en Ourense genera suspicacias. El juez decano hasta habla de injerencia política. Usted, por contra, la defiende. ¿Qué bondades le ve?
Defiendo que Ourense debe estar en primer línea de cualquier reforma. Siempre hemos padecido que se hagan la cosas en otros lados. La configuración de los juzgados es de hace dos siglos y requiere un cambio. ¿Qué defiendo? Si somos nosotros los primeros en desarrollar esa oficina, vamos a plantear las necesidades directas y a tener los mejores medios. Le digo al decano y a todo el mundo que no se va implantar nada que no sea pactado. Estamos hablando de hacer algo razonable en función de las necesidades que tenemos. Vamos a ver qué modelo nos presentan y después ya se discutirá. Debemos estar encantados de ser bandera.
¿Y la intromisión?
La oficina supone que el juez pierde el control directo de los asuntos y su impulso procesal, pero eso, de alguna forma, ya correspondía al letrado de la administración de justicia (secretarios). No es tan trascendente que se designen determinados puestos sin concurso de méritos. El juez tiene potestad para impedir disfunciones.
¿Cree que a nivel político no interesa una justicia moderna y ágil? La eterna cenicienta...
Es difícil adoptar decisiones correctas en esta materia. Cada Gobierno tiene su propuesta; lo estamos viendo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No hay acuerdo en el modelo que se quiere, y reformar la justicia no debía ser una decisión sólo política sino de todos los operadores jurídicos. Pero está claro que no se puede trabajar con leyes anticuadas. Se está produciendo ahora una revolución tecnológica en materia de justicia pero hay unos pasos. Aún queda mucho, claro.
¿En los grandes casos de corrupción, se plantea una lucha entre David y Goliat?
En los casos de macrocorrupción debían establecerse los mecanismos necesarios para afrontarlos. Las instrucciones están paradas por falta de medios. Aunque tampoco soy partidario de ellas, creo que debían fraccionarse. Tampoco me gustan las instrucciones largas porque pierden el sentido al cabo de 10 o 12 años.
La imparcialidad. ¿Está más cuestionada que nunca?
Se ha cuestionado siempre. Pero los procedimientos que se siguen no excluyen a nadie, poder económico, financiero, partidos políticos de todos signo, personas poderosas... Se habla con demasiada ligereza de la imparcialidad de jueces o fiscales.
El ex juez del caso Blesa, Elpidio Silva, llegó a decir que la madre de la corrupción estaba en el poder judicial. Fuerte, ¿no?
Cuando alguien ya no está en e l poder judicial y tiene resentimiento manifiesta lo que considera oportuno. Los jueces deben tenerlo claro: someterse a la Ley. No hay más. En materia de independencia judicial, es cierto que hace falta reformar el Consejo. No puede ser un consejo que refleje sensibilidades políticas, pero ya está trabajando en un reglamento de objetivización de los nombramientos. No conozco ningún caso en España de dirigente judicial que diera indicaciones a los jueces de cómo debe proceder en un determinado asunto. No hay ni una sola denuncia; trabajamos con total autonomía.
El CGPJ semeja un parlamento, pero judicial...
Pero eso no se refleja en los asuntos que se tramitan día a día. No hay ni una sola denuncia, ni tan siquiera de Elpidio Silva.
¿Qué urge en Ourense?
Un juzgado de lo penal y una plaza en la sección civil de la Audiencia, ya que próximamente se pondrá en marcha el nuevo juzgado de lo civil. El expediente digital debe ser también una prioridad. Y debemos seguir trabajando en transparencia y humanización. La justicia tiene que dar un servicio del siglo XXI. Sin olvidar, que los problemas que genera la ejecución requieren reformas procesales.
