Los papeles contienen información de casos investigados por los Juzgados de Ourense, Verín, Ribadavia o Xinzo
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvo constancia de medio centenar de vertederos ilegales en la provincia, la mayor parte en zonas alejadas de núcleos de población, en el último año. Esta última semana apuntó cuatro nuevos depósitos de basura ilegales a lo largo de 100 metros de una pista del monte Chelos, en Coles, tras el aviso dado por vecinos de ese municipio.
Pero ocurre que en este caso el clásico basurero era diferente, hasta el punto de que alertó al equipo medioambiental de la Guardia Civil por el hallazgo de documentos judiciales en los que aparece el nombre, apellidos y hasta el DNI de sus protagonistas. Y lo que es peor, también sus historias. Un ejemplo: el "soplo" de un testigo protegido que movió a la Policía Nacional a pedir al Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, con fecha de noviembre de 2004, que diese permiso para registrar la vivienda de un traficante del clan de "los Vietnamitas" en Covadonga y su colega "el Asturiano" ante la sospecha de que ocultaban heroína. O el auto de entrada y registro del Juzgado de Xinzo con fecha 27 de enero de 2007 a viviendas, naves y almacenes de Castor V.G. en Riós, por considerar la Guardia Civil que podía guardar armas ilegales.
Los expedientes tirados al vertedero ilegal no pertenecen, pues, al mismo juzgado; y hay más. La declaración de Ramón R.T., detenido el 5 de agosto de 2004, es de Ribadavia; pero también hay de Verín: un oficio de la secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 pidiendo una clave de acceso al Registro Central de Rebeldes y Penados con fecha 6 de noviembre de 2006 ; un mandamiento de ejecución hipotecaria de Instancia 1 de Ribadavia, o incluso el acta del un juicio del Juzgado de Instancia 6 de 9 de enero de 2006.
Los documentos estaban mezclados con todo tipo de desperdicios: juguetes viejos, ruedas, plásticos, el asiento de un coche y hasta una nevera, de ahí que el Seprona también diera aviso al Concello.
La recogida de basuras constituye, tal y como dictamina la Ley 10/2008, una competencia municipal y, en último eslabón, una responsabilidad que convierte al alcalde del concello en el máximo responsable con potestad sancionadora.
Ahora bien, puso a buen recaudo los papeles judiciales a fin de abrir una investigación que determine su origen, ya que vulneran la Ley de Protección de Datos.
La Xunta considera poco probable que la "fuga" de estos documentos tuviera su origen en los juzgados afectados. Fuentes de la Delegación territorial aclaran que hasta la fecha sólo se realizaron labores de expurgo (limpieza) en las piezas de convicción (objetos que acreditan delitos) pero no en la documentación . "Todos os asuntos están gardados en dependencias xudiciais que estanse a clasificar e informatizar para despois decidir qué se elimina", explican fuentes de la Delegación de la Xunta en Ourense.
En cuanto a la actividad ordinaria de los juzgados, explica que se los dotó de máquinas trituradoras para que los funcionarios se deshagan de los papeles inservibles, evitando tirarlos a la basura para que puedan ser localizados.
