El juez Luis Doval admite que la adjudicación y el expediente "no está suficientemente vertebrado y no se ajusta totalmente a la legalidad en materia de contratación"
El Juzgado de Instrucción 2 de Ourense acaba de decretar el archivo de la denuncia por prevaricación administrativa interpuesta por la exconcejala de Urbanismo Áurea Soto contra la junta de gobierno del PP de 2006 por la compra de altavoces a Jolper, el negocio ligado al concejal y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome.
En este procedimiento penal, el juez instructor sólo llamó a declarar como imputado al exedil "popular" Aurelio Gómez Villar al ser la persona que llevó la propuesta, como titular de la Concejalía de Comercio, a la junta de gobierno de 26 de octubre de 2006 en la que se propuso por trámite de urgencia la adjudicación directa a Jolper de 295 pantallas de audio, por importe de 61.691 euros, con la intención de sonorizar las calles del Centro Comercial Aberto (algo que nunca llegó a concretarse).
El juez Luis Doval, siguiendo el criterio del ministerio fiscal, admite que la adjudicación y el expediente "no está suficientemente vertebrado y no se ajusta totalmente a la legalidad en materia de contratación". Ahora bien, añade que "no se aprecian a la vista de las diligencias practicadas una arbitrariedad e ilegalidad palmarias y plenamente consciente por parte del imputado o, eventualmente, por los demás miembros de la junta de gobierno de la que se desprendan indicios de actuación prevaricadora".
Recuerda el magistrado que la aprobación de la factura en cuestión sí vino precedida de un acuerdo previo adoptado el 2 de abril de 2006 que ya aprobaba la propuesta de sonorización, petición de subvenciones, elaboración de memoria y petición de ofertas. El togado recuerda que la cuestionada factura "se contrae el suministro de un material para su instalación posterior, dentro de un proyecto más amplio".
