URBANISMO

Áurea Soto se ratifica ante el juez en la denuncia contra Cabezas por posible malversación

La edil manifestó su creencia en que la no exigencia del 10 por ciento del aprovechamiento en las actuaciones urbanísticas "era sistemática" entre 1997 y 2009

La edila de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, se ratificó, ante el juez de instrucción, en la denuncia que presentó el 17 de septiembre contra el exalcalde del PP Manuel Cabezas, la junta de gobierno local y los sucesivos ediles de Urbanismo durante los años de gobierno municipal popular por posible malversación de caudales públicos.

En su declaración, Soto manifestó, además, su creencia en que la no exigencia del 10 por ciento del aprovechamiento en las actuaciones urbanísticas "era sistemática" entre 1997 y 2009. Supondría una pérdida de 1,6 millones de euros.

Al respecto, indicó que ella intentó "revertirlo" para que no pasase más en una actuación en el campus universitario y en otras posteriores.

Consideró como "únicos" responsables de no exigir ese 10 por ciento al exalcalde Manuel Cabezas, a las juntas de Gobierno entre los años 1997 y 2009 y a los tres ediles sucesivos de Urbanismo. Relató, además, igual que en la denuncia, que en 2007 pidió un informe sobre los ámbitos en los que no se pidió la cesión de ese 10 por ciento y que, desde su llegada al gobierno local, le costó "mucho cambiar eso".

INFORME DEL SECRETARIO

También declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense el arquitecto municipal y el técnico de Urbanismo en aquellos años, en calidad de testigos, y confirmaron que ellos elaboraron y firmaron un informe, en 2004, sobre los 15 ámbitos urbanísticos en los que no se exigió la cesión del 10 por ciento.

En sus declaraciones, según fuentes jurídicas, también apuntaron al exsecretario municipal Mariano R., que ocupó ese puesto durante los gobiernos del PP hasta jubilarse y ser suspendido tras enfrentamientos con el entonces alcalde -Manuel Cabezas-.

Según los testigos, ellos informaron de las cesiones no realizadas pero no constataron si finalmente fueron exigidas. Explicaron que las cesiones no se hacían en base a un informe del secretario general del Ayuntamiento -en referencia a Mariano R.-, aunque eran obligatorias desde la vigencia de la Ley del Suelo de Galicia de 1997.

La denuncia de Áurea Soto, incluye el informe de fiscalización del urbanismo de Ourense, realizado por el Consello de Contas sobre los ejercicios 1999 al 2002, en el que se indica que la no cesión del 10 por ciento de las actuaciones urbanísticas al Ayuntamiento de Ourense, por parte de los promotores privados, siendo obligatorio, afecta al menos 6.975 metros cuadrados.

El informe realizado por el servicio municipal de Urbanismo en 2004 forma parte de la denuncia presentada por la edila Áurea Soto el 17 de septiembre. En ella cuantifica un posible delito de malversación de fondos públicos en 1,6 millones de euros, a cargo, según ratificó en la mañana de este lunes ante el juez, del alcalde, Manuel Cabezas, de la junta de gobierno local y de los ediles de Urbanismo.

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