El partido prepara una querella por injurias y calumnias contra Pascual
El presidente provincial del PP, Manuel Baltar, no ordenará ninguna investigación de la financiación del partido en Ourense porque no hay nada ilegal, según declaró ayer en la presentación de la nueva equipación del COB. Eso sí, su equipo ya recopilaba ayer material para presentar, quizás hoy, una querella contra el exgerente, Emilio Pascual, por injurias y calumnias. Pascual Vázquez testificó ante la jueza de la Operación Pokémon que podría haber una caja B en el PP de Ourense, al menos en tiempos del anterior presidente del partido, José Luis Baltar.
"No voy a entrar en nada de lo que diga ese señor, puede decir lo que quiera pero tendrá que responder donde tenga que hacerlo", dijo ayer, remitiéndose a los comunicados de los últimos días, incluyendo el acuerdo del comité ejecutivo, que resolvió pedir la expulsión de Pascual del partido. Ese expediente de expulsión se propondrá ante el comité de garantías.
Como el comité ejecutivo también acordó el lunes "de forma unánime y contundente," facultar al presidente provincial para que inicie las acciones que considere oportunas, Baltar señaló de nuevo que "con la mayor brevedad" emprenderá una "querella por injurias y calumnias".
Ayer, el PP de Ourense recopilaba los datos y pruebas para avalar la petición de expulsión de Emilio Pascual.
Fuentes del partido han ratificado que ya se han articulado los datos y que la previsión es que hoy la petición acordada por unanimidad por la cúpula del PP ourensano se traslade al Comité de garantías del PPdeG, que preside el diputado en el Congreso Celso Delgado.
Una vez que este órgano reciba la propuesta formal designará un instructor para el caso y se procederá analizar la documentación remitida para aclarar si procede o no. En el partido no hay plazos reglados para la resolución de un expediente de este tipo.
La cúpula del PP ourensano atribuye al exgerente "una infracción muy grave" tipificada en un artículo del capítulo tercero del régimen disciplinario de los Estatutos del PP en el que se contempla la expulsión por "manifiesta deslealtad al partido, a sus órganos de gobierno y representación, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del partido".
