Los atestados policiales de delitos sin autor conocido ya no se remiten a los juzgados de Instrucción
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de acuerdo a la cual los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los juzgados de Instrucción, se ha dejado notar en las estadísticas. Y es que ha provocado un descenso del 37 por ciento en el ingreso de asuntos en la jurisdicción penal en el primer trimestre del año 2016, respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo reflejan los datos del último informe trimestral de actividad judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también señala una disminución del ingreso de asuntos en el resto de las secciones.
De esta forma, frente a los 6.908 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, las oficinas de la jurisdicción penal (juzgados de lo Penal, Instrucción, Menores y sección segunda de la Audiencia) pasaron a 4.354, según las tablas del CGPJ. De hecho, las causas vistas por los juzgados de Instrucción de los nueve partidos judiciales de la provincia cayeron hasta casi la mitad, un 45,6 por ciento. Hasta la entrada en vigor de la reforma de la ley, "un ciudadano denunciaba el robo de un teléfono móvil y el atestado siempre llegaba al juzgado, que podía acordar diligencias si la Policía no había identificado al presunto autor de los hechos", explicó el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña. Ahora, si el cuerpo policial no lo identifica en las 72 horas siguientes o no tiene indicios suficientes para ello, no lo envía. "Aunque esto no significa que si después aparecen no lo trasladen al juzgado", apuntó.
Esto se traduce en un descenso de la carga de trabajo. "Lo que se pretende ahora es que el proceso de recepción, registro, valoración y archivo quede en la Policía", según Antonio Piña. Además, como esos asuntos que dejaron de ingresar los juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata -con un auto de archivo o sobreseimiento por falta de autor conocido-, se ha producido un descenso similar en las resoluciones: de 7.281 a 4.773 en un año.
El informe revela también que la entrada de asuntos disminuyó también el número total de asuntos ingresados en el resto de las jurisdicciones ourensanas, resultando una bajada global del 7,4 por ciento respecto al año pasado. "No hay una razón concreta, aunque sí responde a aspectos coyunturales, como la crisis económica", explicó Piña, añadiendo que "han bajado los pleitos bancarios y toda la actividad de precedentes que dio lugar a gran actividad en materia civil".
Los juzgados de Galicia ingresaron 46.428 casos
La tendencia a la baja del número de asuntos ingresados en la jurisdicción penal de la provincia es extensiva a la comunidad autonóma y al resto del país. En Galicia, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acarreó un descenso del 36,2 por ciento. Durante el primer trimestre del año pasado, los juzgados de lo Penal gallegos recibieron 72.821 denuncias, frente a las 46.428 ingresadas en el mismo periodo de este año. En cuanto al número de asuntos penales en trámite en Galicia, al final del periodo era de 42.547, un 24,2 por ciento menos que hace un año.
Asimismo, el informe revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre también en el resto de jurisdicciones de la comunidad, resultando una bajada global del 26,8 por ciento. En este periodo, los juzgados y tribunales gallegos resolvieron 93.736 asuntos, lo que supone una media de 365 causas por órgano judicial.
En el conjunto del Estado, el descenso del registro en los penales es aún más acusado, con un 42,7 por ciento. El Consejo General del Poder Judicial también informa de una disminución del ingreso de asuntos en el resto de las jurisdicciones: un 8,4 % en la civil; un 5,8 % en la contenciosa y un 15,6 % en la social. Canarias, Andalucía y Murcia se sitúan a la cabeza la lista de comunidades con mayor tasa de litigiosidad.
