La destitución de la directora xeral de Persoal en el Concello coómplica la gestión del gobierno local y la política socialista
La directora xeral de Recursos Humanos y Servicios Generales en el Concello de Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta, abandonará su cargo el lunes, cuando una junta de gobierno extraordinaria oficialice su destitución, o su relevo, después de que una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya anulado su nombramiento, efectuado en una junta de gobierno de 2013.
Su salida del Consistorio, a dos meses de las elecciones municipales y por una resolución judicial que deja claro que el procedimiento para cubrir la plaza se diseñó "a su medida", complica la gestión del actual gobierno municipal y puede repercutir en el debate electoral para las municipales. Porque Rodríguez Dacosta se irá del cargo directivo que ocupa en el Concello pero se mantendrá como número dos de la candidatura socialista que encabeza el portavoz, José Ángel Vázquez Barquero, y también al frente de la secretaría local del PSdeG. En este sentido, la aún directora xeral espera que los ciudadanos entiendan que su marcha es un asunto menor, producto de un "defecto de forma" en un procedimiento de selección de personal que pretendía ser más "garantista" que la contratación directa por decreto.
La vía penal
Pero la resolución judicial firme y el relevo de Rodríguez Dacosta no pone fin al. El sindicato USO, que denunció en la vía contencioso-administrativa el nombramiento, ya anunció que iniciará ahora un pleito por la vía penal para que "se depuren responsabilidades políticas", precisó el dirigente del sindicato en el Concello, Julio Domínguez. La nueva denuncia, por una presunta desviación de poder, irá contra toda la junta de gobierno que en julio de 2013 aprobó la designación de Dacosta; de ella también formaba parte el cabeza de lista del PSdeG, Vázquez Barquero.
Rodríguez Dacosta compareció ayer junto al alcalde, Agustín Fernández, para anunciar su marcha, agradecer la colaboración de funcionarios y miembros de la Corporación municipal y comparar su caso con la contratación de otros directores generales de la Xunta y el Estado, que en un 90% de los casos también tendrían que irse, dijo, como ella, aunque éstos fuesen nombrados por decreto frente al procedimiento de libre designación empleado en el suyo.
A su vez, el regidor -que asume de momento las competencias de Personal con la ayuda del jefe de servicio aunque estudiará delegarlas en otro edil- abundó en esa interpretación, la de que el caso de la aún directora xeral se parece al de sus homólogos de otras administraciones; de ahí, señaló, su "sorpresa" por este nuevo revés, en el que reconoció algún "erro" que, "desde luego, asumo", aunque vea las consecuencias como un "agravio comparativo" con las maneras empleadas en administraciones cercanas.
Fernández, eso sí, reconoció la labor de la aún directora xeral; fue, dijo, un trabajo "totalmente satisfactorio" en un marco muy difícil. Y negó que hubiese predisposición en el proceso para contratar a Dacosta porque "se valoraron outros currículos".
Advertidos
Pero la oposición del PP y del BNG ya se encargó de precisar que en su día, cuando se produjo el nombramiento, advirtieron de la "ilegalidad" . Los populares presentaron recurso de reposición, que fue desestimado, alegando que la convocatoria de provisión de la plaza incumplía la Relación de Postos de Traballo (RPT) de 2012, no se mencionaba la necesidad de que los aspirantes fuesen licenciados en Derecho y, además, se exigía sólo acreditar la competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, requisito que tampoco constaba en la RPT correspondiente al puesto de director xeral.
También el BNG, recordaba ayer la portavoz, Susana García, presentó en su momento una moción advirtiendo de la irregularidad del nombramiento, sin conseguir que se variase la postura del gobierno municipal; incluso el alcalde, dijeron García y el portavoz del PP, Rosendo Fernández, anunció previamente que ella iba a ser la designada tras perder la plaza de concejala no electa por una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló esas figuras en toda España.
