HACIENDA

El Catastro descubre casi 18.000 construcciones ocultadas al fisco

Hasta el momento ha auditado 1,3 millones de inmuebles en 27 concellos y va a continuar con las inspecciones al resto

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro, sigue poniendo la lupa sobre las propiedades inmobiliarias que han sufrido modificaciones y que no han sido comunicadas para que les sea aplicado un nuevo valor catastral. Es lo que el departamento de Cristóbal Montoro define como proceso de "regularización" de los inmuebles y que popularmente se conoce como "catastrazo". Por el momento, en la provincia han salido a la luz 17.502 propiedades distribuidas en 27 concellos, a cuyos propietarios ya se les ha requerido el cobro de una sanción por no haber comunicado en su día ampliaciones o mejoras en los inmuebles o fincas. "La cuantía de la tasa es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización", aclara Hacienda, lo que eleva lo recaudado hasta el momento en Ourense a 1.050.120 euros.

El Catastro lleva auditados de oficio 1.303.744 inmuebles, de los cuales la gran mayoría son rústicos (1.139.864), mientras que 163.880 son urbanos. Ha sido en las capitalidades de los concellos donde el proceso de regularización ha fue mayor ya que de los 17.502 inmuebles regularizados, 13.955 son urbanos y los 3.547 restantes son rústicos. Y nada se escapa a la labor inspectora del departamento que depende de Hacienda: aparecen sin declarar desde garajes a galpones o piscinas construidas en el jardín.

En el caso ourensano, el 58,32% de las notificaciones se corresponde con nuevas construcciones, el 29,54% han sido ampliaciones sobre lo ya edificado, un 8,86% fueron reformas y un 3,27% de las infracciones detectadas se deben a la construcción de piscinas.

Por concellos hay algunas conclusiones verdaderamente llamativas: en Vilardevós, un municipio con 2.036 habitantes, se han tenido que regularizar 1.799 inmuebles en los que se había hecho alguna modificación. De ellas, el 62,65% fueron por la realización de nuevas construcciones; el 33,18% por ampliaciones y rehabilitaciones; el 3,55% por reformas y cambios de uso y un 0,62%. Verín (14.031 vecinos) ocupa la segunda posición, con 1.432 inmuebles descubiertos, de los cuales el 46,28% fue por la realización de nuevas construcciones; el 31,08% por ampliaciones y rehabilitaciones; el 14,12% por reformas y cambios de uso, y el 8,52% por piscinas. En la tercera posición está Cualedro (1.792 habitantes), municipio en el que se regularizaron 1.357 inmuebles: el 64,06% por nuevas construcciones; el 23,91%, por ampliaciones y rehabilitaciones; un 11,82% por reformas y cambios de uso, y el 0,21% por piscinas.

El resto de concellos

Hacienda ha concluido una parte de su labor de inspección sobre los inmuebles de la provincia en la búsqueda propiedades opacas. Ha levantado actas en 27 concellos, pero ha decidido tomarse su tiempo para cribar el resto. En agosto el ministerio comunicó que el proceso no quedará concluido en noviembre de este año, como preveía, sino que lo aplaza hasta bien entrado el 2018. Hacienda reconoce que el proceso es "complejo", por lo que tendrá que tomarse más tiempo.

Hay 21 concellos ourensanos que ya deberían haber sido inspeccionados en julio como límite de plazo, pero se ha prorrogado a octubre. Entre ellos, la ciudad, Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña o Nogueira de Ramuín.

Una vez que el Ministerio de Hacienda ha descubierto las modificaciones que se han hecho en las construcciones inspeccionadas, comunica a los afectados el cobro de la tasa de 60 euros, pero también modifica al laza el valor de la propiedad en la que se han realizado modificaciones. Ese cambio sustancial es el que se incorpora a la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cobran anualmente los concellos. Eso sí, algunas comunicaciones de la Dirección Genral del Catastro han supuesto recursos por parte de muchos afectados, que incluso pueden plantear un contencioso contra los criterios aplicados a la hora de la regularización. 

La coincidencia entre lo declarado y la realidad

Hacienda aclara que la regularización catastral es uno de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, "en supuestos de incumplimiento" de la obligación de declarar las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. Persigue "garantizar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad".

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