La sentencia que anuló la ordenación provisional en el municipio lucense obliga a Concello y Xunta a buscar cómo prevenir un impacto así en Ourense.
A la frágil situación urbanística de la ciudad, sin plan planeamiento en vigor tras la anulación judicial del de 2003 (el nuevo sólo ha sido aprobado inicialmente), le ha surgido un nuevo motivo de preocupación. La ordenación urbanística provisional, aprobada en 2011 por la Xunta para salvaguardar en 30 ámbitos el diseño urbano contemplado por el anulado Plan Xeral del exalcalde Manuel Cabezas, parece desde marzo más débil que nunca y expuesta a su bloqueo jurídico, al incumplir un trámite, la exposición pública, que fue la razón por la que los tribunales ya echaron abajo la ordenación provisional en otro municipio gallego, Barreiros.
Porque fue en ese mes de marzo cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que anulaba las normas urbanísticas provisionales del municipio lucense, basándose en errores de forma en los que incurrió la Xunta, al no exponerse las normas a ese trámite de información pública. Precisamente, lo que sucedió en la ciudad hace casi tres años.
En realidad, si la norma no fue sometida a un proceso de exposición pública propiamente dicho -como sí ocurrió recientemente con el nuevo Plan Xeral tras su aprobación inicial- no fue más que porque la Ley de ordenación urbanística de Galicia (Louga) no recoge la obligatoriedad de este trámite. De hecho, en el caso de Barreiros la ordenación provisional fue inicialmente por el Tribunal Superior de Xustiza. Sin embargo, el Supremo sí ha tenido en cuenta normativas europeas por las que la tramitación de este tipo de ordenaciones provisionales debe incluir que sean expuestas a los ciudadanos. Por eso, la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, explicó ya que técnicos municipales y autonómicos evalúan la situación de Ourense para evitar de nuevo el bloqueo urbanístico de la ciudad. "Para nosotros es fundamental la ordenación provisional. Estamos trabajando con la Xunta, a ver si este tema debería ser revisable o no, porque es muy relevante y es en lo que deberíamos estar preocupados todos", explica Soto.
Nueve recursos
El problema es que contra la ordenación urbanística provisional de la ciudad se han presentado nueve recursos en el Tribunal Superior de Xustiza. Algunos de ellos, dice Soto, están aún en fase de prueba pero "han incorporado la sentencia de Barreiros como antecedente". Aún así, dice la concejala de Urbanismo, "fuimos muy cautelosos y todas las alegaciones que se presentaron en el Concello contra esa ordenación, se las enviamos a la Xunta durante el tiempo que transcurrió desde que se aprobó inicialmente hasta cuando lo hizo definitivamente". De hecho, el Concello tuvo la oportunidad de presentar alegaciones a la ordenación provisional, mediante las que se incorporó a la misma el ámbito de As Burgas, que inicialmente no estaba incluido, y se descartaron otros, como el del Campus, ligado al proyecto de Pachi Mangado y al soterramiento de la avenida Otero Pedrayo.
¿Significa esto que podría todavía someterse a información pública la ordenación provisional para eludir una sentencia desfavorable como la del municipio de Barreiros? Soto cree que "siempre se puede sacar a información pública pero eso tienen que decirlo los servicios jurídicos de la Xunta y los municipales". Según ella, ambos trabajan en este tema "siempre conjuntamente". Y apostilla: "Así como el PP de Ourense va por libre, la Xunta sí que está preocupada por la situación urbanística de la tercera ciudad de Galicia y nos responde con una seriedad que no se encuentra en Ourense", culpando al principal grupo de la oposición de la ciudad de desinteresarse por los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos.
Los ámbitos privados
Realmente, el actual gobierno municipal socialista ya desde el primer momento consideró "frágil" la ordenación provisional, pero en su caso al incluir 15 ámbitos residenciales privados -que tenían aprobados los proyectos de compensación y urbanización-, además de los otros 15 de interés general propuestos por la institución municipal, en los que también se preveía un amplio desarrollo residencial pero tenían la justificación de ámbitos de interés público. Es el caso, por ejemplo, de la Finca Santamarina, de la que se destacó que su desarrollo incluía los terrenos para la ampliación del Complexo Hospitalario de Ourense.
Claro que "la ordenación provisional no tiene ni pies ni cabeza"para el abogado experto en urbanismo Antonio Feijóo, uno de los letrados que la ha impugnado en el Juzgado. Lo hace parcialmente en un recurso presentado contra el Plan especial de As Burgas, ya que, según dice, "esa área se incorporó a la ordenación provisional cuando ni siquiera había sido aprobada". Además, Feijóo también es abogado de una promotora que pretendía desarrollar un ámbito (AR-47 E) en el entorno de la Finca Santamarina. En este caso, solicita la anulación total de la norma provisional por considerar que "hay un agravio comparativo en la inclusión de ámbitos de interés puramente privado. Se incluyen los que tienen aprobado el proyecto de urbanización y compensación pero en ninguno de ellos se ha empezado ni ejecutado la urbanización", señala. A su juicio, la ordenación provisional "está mal hecha porque se ha limitado a volcar un plan nulo a medida en interés de determinados ámbitos".
Con ese estado de cosas, en el Concello de Ourense creen que las sentencias sobre la ordenación provisional comenzarán a caer en septiembre, aunque la referida al ámbito de As Burgas podría producirse antes del verano, al estar ya el periodo de prueba ya concluido.
