Los grupos políticos del Concello han consensuado cuatro normas durante el actual mandato
La situación de minoría con la que el Partido Popular gobierna el Concello de Ourense, diez concejales, le obliga a alcanzar acuerdos con Democracia Ourensana, que tiene ocho, o el PSOE, seis, para sacar adelante las principales iniciativas que tienen que pasar por el salón de plenos. Es el caso, por ejemplo, de las ordenanzas municipales, documentos que recogen las obligaciones, requisitos y condiciones de cuestiones básicas para el funcionamiento de la ciudad, como pueden ser, entre muchas otras, la ordenación de tráfico, las normas urbanísticas o la fiscalidad.
Los numerosos cambios que se producen en la sociedad obligan a la administración a actualizar también sus disposiciones normativas. Así, el gobierno local, en los casi 20 meses que lleva al frente de la ciudad, ha tramitado (o dará próximanente los pasos para ello) una docena de procedimientos, cada uno con recorrido y un desenlace muy diferente.
Cuatro son los documentos que ya han entrado en vigor. El primero llegó al salón de plenos apenas cinco meses después de la investidura como alcalde de Jesús Vázquez. Se trata de la norma que regula la tenencia de perros peligrosos, donde se establecen los diferentes requisitos para disfrutar de ellos. El segundo fue el reglamento de la Mesa Local de Voluntariado, redactado para canalizar la participación social de las entidades sociales.
El tercer documento que se logró adaptar fue la ordenanza reguladora del servicio del taxi, para adaptarla al marco autonómico; mientras que el cuarto fue la norma de limpieza de terrenos y solares, tramitada con el objetivo de proteger los núcleos rurales de la ciudad contra los incendios forestales.
Las negociaciones no han fructificado, por su parte, en otros cuatro asuntos, que se encuentran en diferentes fases. Son la regulación de las terrazas de hostelería, de las viviendas de emergencia social, la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Plan Especial de Protección de Seixalbo, siendo este último el que puede tener un desenlace más rápido, al existir acuerdo político, pero que tuvo que ser frenado en el último momento por la petición de los vecinos de la parroquia, que quieren garantías de poder mejorar sus telecomunicaciones una vez que la norma entre en vigor.
Todavía están en una fase embrionaria, finalmente, diferentes asuntos puestos sobre la mesa por el gobierno local, como una ordenanza que garantice una accesibilidad total en la ciudad, el endurecimiento de las sanciones por cartelería ilegal, las ayudas para instalar ascensores en viviendas o la regulación de la venta ambulante.
