El gobierno local llevará al próximo pleno la ordenanza que regula la cesión de estas viviendas
El gobierno local de Ourense tratará de lograr en el pleno ordinario de la próxima semana la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del régimen de funcionamiento y cesión de viviendas de emergencia social, un documento que se ha estado negociando durante dos meses entre los grupos políticos de la Corporación y que persigue dar cobertura a los realojos de personas o familias afectadas por situaciones críticas derivadas de incendios, inundaciones, desahucios o relaciones familiares insostenibles, entre otras causas.
Con el objetivo de poner el programa en marcha en el menor plazo de tiempo posible, el Concello ha comenzado a equipar dos de los tres pisos de propiedad municipal que se destinarán a este fin, situados en el barrio de As Eiroás, concretamente en la praza 100 y en la rúa Guizamonde. "Ojalá pudiéramos tener más para darle uso pero no hay en estos momentos, estamos equipando dos ya para utilizarlas cuando sea necesario", explica la concejala de Asuntos Sociales, Sofía Godoy, en relación a una de las peticiones de Ourense en Común, que apostaba por destinar más viviendas a esta iniciativa.
El proyecto de ordenanza contempla que el plazo de estancia en las viviendas de emergencia no será superior a tres meses, aunque podrá ser ampliado por otros tres en determinados supuestos valorados favorablemente por el departamento de Asuntos Sociales. Podrán ser beneficiarios aquellos que lleven más de un año empadronados en Ourense y no disponga de recursos económicos para paliar su necesidad de vivienda. Tendrán prioridad aquellas familias con menores y personas enfermas o con una discapacidad.
Entre las obligaciones que deben asumir los beneficiarios, están comprometerse a buscar otras alternativas para disponer de otro recurso al final del plazo, asumir los gastos derivados del suministro eléctrico o del gas o no introducir animales, a excepción de perros guía."Son viviendas para un uso temporal para personas que están en una situación límite, tiene que haber solidaridad entre todos para poder obtener el mayor beneficio", indica Sofía Godoy, que confía en lograr su aprobación la próxima semana en el pleno. En caso de conseguir la mayoría suficiente, se abrirá un plazo para presentar alegaciones, que podrán ser incorporadas al documento antes de que regrese al salón de plenos para darle el visto bueno definitivo y entre en vigor.
