Un inmueble de la Praza Maior se suma al listado de abandono, y sobre los dueños de otros cuatro más pesan las multas
La ruina avanza sobre edificios abandonados y desocupados, casi siempre en el casco histórico, sin que los propietarios decidan asumir su salvación, porque la situación económica no favorece la inversión en rehabilitación -no hay fondos para un inmueble en el que no se vive y, además, las ayudas son muy escasas- y, en ocasiones, complicadas herencias o diferencias entre sus herederos bloquean cualquier actuación.
Ayer mismo, la junta municipal de gobierno abría hasta seis expedientes de disciplina urbanística por problemas de seguridad en otros tantos inmuebles, dos de menor entidad en la ciudad moderna y cuatro en la zona monumental, estos últimos en plena fase de ruina técnica, con orden de demolición, en el edificio de Lepanto-23, y de abandono de local comercial por falta de seguridad, en este caso en la calle Alejandro Outeiriño-6, una medida esta que afecta a la histórica armería Lira. La reticencia de los propietarios y de un promotor colindante (en el caso de este último inmueble) a cumplir las normas de seguridad ha provocado ya la aplicación de multas coercitivas, de momento de 300 euros. Otro edificio más, en la avenida de Pontevedra-3, acumula ya sanciones mayores. La junta de gobierno acordó ayer imponer a su propietaria una de 6.000 euros por no haber presentado el proyecto de demolición del edificio.
Pero, además, otro inmueble en mal estado, en plena Praza Maior, ofrece una preocupante visión desde el interior de los soportales, porque el piso de la primera planta -a su vez cubierta de los soportales- está tan combado que amenaza desprendimiento.
En realidad, desde 2010 se han tramitado 462 expedientes por mal estado de edificios, 119 en este mismo año. Siempre se inician con un parte de la Policía Local, de oficio o a instancias de vecinos, o con un informe de la inspección municipal. Desde el Concello ya han expresado su preocupación por el mal estado de algunos edificios, que pueden resultar un peligro en otoño e invierno, por la llegada d elas lluvias, y porque afean la imagen de la ciudad, especialmente del casco histórico. De ahí el incremento de expedientes de disciplina, previa notificación a los dueños de los inmuebles, que deben proceder a la reforma o a demoler la estructura ante los problemas de seguridad que presenta. De otro modo, es el Concello quien la asume y pasa la factura.
