Desde el año 2007 se produjeron incrementos de hasta el 57% en la pérdida de propiedades por el impago de los créditos sobre vivienda
Desde el inicio de la crisis económica, en Ourense han cambiado de dueño más de mil propiedades, pero no por operaciones de compraventa, sino por ejecuciones hipotecarias; es decir, por la venta —generalmente mediante subasta— de un inmueble cuya hipoteca no fue abonada por el deudor en tiempo y forma. Según los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial, en la provincia se han practicado 1.093 ejecuciones hipotecarias desde el año 2007 al 2013, pero el crecimiento continuó desde enero a octubre del 2014, con la suma de 115 nuevos casos.
Las cifras que facilita el organismo oficial confirman la crudeza de la crisis inmobiliaria, sobre todo en lo que se refiere a la contratación de un préstamo hipotecario y la imposibilidad de hacer frente a los pagos. Por lo tanto, estamos hablando de inmuebles sobre los que los compradores perdieron derechos de propiedad por no pagar la hipoteca.
En el 2007, en plena fiebre del ladrillo, en Ourense se llevaron a cabo 83 ejecuciones hipotecarias. Era el primero de los años de escalada de este procedimiento que requiere intervención judicial. En el 2008 ya eran 131 ejecuciones, para pasar a las 171 en el 2009. Un año después la cantidad descendía ligeramente hasta las 159, una trayectoria que también se mantendría en el 2013, al caer a 136. Sin embargo, la cifra volvería a crecer de forma sustancial ya que en el 2012 se produjeron 208 ejecuciones y un año más tarde, 205.
El Consejo General del Poder Judicial destaca en su informe que los porcentajes de crecimiento desde la crisis han sido exponenciales, sobre todo de los años 2007 a 2008, con una subida del 57,8% y del 2012 al 2013, con un incremento del 52,9%.
MEDIDAS DEL GOBIERNO
¿Y qué ocurrirá en el futuro? Independientemente de una aparente recuperación del mercado inmobiliario, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un decreto llamado de Segunda Oportunidad para los deudores de hipotecas. Aunque la evolución de las ejecuciones sea positivo, hay en la provincia muchos casos que podrían aflorar. Según un informe de la Federación de Gallega de Empresas Inmobiliarias, en Ourense hay más de 22.000 hogares con hipoteca sobre la vivienda principal, lo que supone un 17% sobre el parque de viviendas provincial. Por otra parte, el 80% de las familias que soportan una hipoteca ingresan menos de 24.000 euros al año.
El decreto de Segunda Oportunidad intenta abordar una eventual pérdida de la vivienda por no poder hacer frente a su préstamo. Sin embargo, la medida adoptada por el Gobierno ha sido cuestionada por los socialistas ourensanos, aunque algunos colectivos la respaldan. Una nota de la patronal del sector inmobiliario valora incluso positivamente "las reclamaciones sociales" que han hecho los empresarios a favor de la dación en pago, "para que se puedan materializar y puedan con ello contribuir a aligerar el drama social de muchas familias ourensanas".
Las medidas adoptadas por el Gobierno anuncian una segunda oportunidad para los deudores de buena fe, pone fin a la polémica cláusula suelo de las hipotecas a determinado perfil social y lleva hasta el año 2017 la suspensión de los desahucios de viviendas habituales y que ya expiraba dentro de tres meses. n+
