Cruce de acusaciones en el debate sobre el caso de las depuradoras

El pleno provincial fue precedido por la celebración de una sesión extraordinaria, convocada a iniciativa del PSdeG, donde se debatió como único punto del orden del día la apertura de un expediente administrativo para la exigencia de responsabilidades de todos los que intervinieron en el caso de las depuradoras, después de que Hacienda desestimase las alegaciones de la Diputación contra el reintegro de los diez millones de euros procedentes de fondos europeos con los que se financiaron, tras detectarse presuntas irregularidades en la contratación de las obras.

La moción fue rechazada por los votos en contra del grupo del PP. Plácido Álvarez defendió que "a responsabilidade é do grupo de goberno, pero tamén da oposición", lamentando que ni PSdeG ni BNG hubiesen participado en las comisiones de investigación creadas a propuesta de la Presidencia para estudiar el caso una vez emitido el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf). "Súmense á defensa dos intereses da provincia, porque parece que só buscan que a Deputación teña que devolver eses cartos", pidió el portavoz popular a la oposición.

Socialistas y nacionalistas criticaron con dureza que el PP los considere responsables del "maior escándalo na historia da Deputación", tal como lo definió Ignacio Gómez. El portavoz del PSdeG defendió que "nós non queremos que a Deputación devolva os cartos, queremos que os devolva quen os defraudou". Por su parte, Leopoldo Rodríguez afirmó que el informe de la Olaf "supón unha nova labazada aos excesos cometidos nesta institución a través dunha política caciquil e clientelar".

Plácido Álvarez recordó que al Diputación presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que "defendemos o que din os técnicos, que é que non houbo irregularidades e que se actuou conforme á legalidade vixente".

Ya en el pleno ordinario, el PP rechazó otra moción socialista que pedía depurar responsabilidades a los gestores del expediente de despido colectivo de la Diputación, por el que la institución deberá abonar medio millón de euros más en indemnizaciones. "Este despedimento non foi máis ca unha purga dos que non lles servían", dijo Leopoldo Rodríguez, mientras Plácido Álvarez defendió que "estivo correctamente tramitado".