Un centenar de propietarios ha reclamado y la cuenta podría llegar al millón y medio de euros
La planificación de la construcción de las viviendas de protección oficial de Xestur Ourense en la rúa Rafael Dieste de la ciudad y en la urbanización Santa Marta de Pereiro de Aguiar sigue lastrando las arcas públicas. Cerca de un centenar de propietarios presentó ya denuncias sobre las deficiencias presentadas en sus viviendas desde la apertura de las mismas, lo que ha permitido que gran parte de las deficiencias se hayan subsanado.
El conjunto de denuncias, que tramita desde hace más de una década el abogado ourensano Amadino Pereira, podría sumar una vez que se resuelvan todas una cifra superior al millón y medio de euros en reformas, a cargo en principio del erario público, pese a que la Administración podría exigir las correspondientes indemnizaciones a los constructores de las mismas.
Las condiciones de insalubridad con las que se toparon los moradores desde que empezaron a residir allí también ha permitido escabullirse de multas a aquellos a los que se les abrió expediente al considerar que no utilizaban las viviendas de protección como "vivienda habitual", condición sine qua non para poder utilizar las mismas. "La Administración se mostró vigilante para asegurarse de que se emplearan las casas para vivir, pero no así con las deficiencias que los vecinos iban alertando. Y no se podía exigir que viva en unas condiciones de insalubridad", manifiesta Pereira.
En el caso de Santa Marta, al cuestionable diseño de la urbanización se le añade la falta de servicios que habían sido prometidos a los propietarios en un inicio. "Dixeron que ía haber un supermercado pero diso nada se sabe", explica el vecino Enrique Rey. En la misma línea se explica otra residente, que señala que señala que "no hay ya ninguna línea de bus, cuando hace años había una en servicio; los jóvenes están aislados".
Lo que sí funciona es la guardería pública, aunque el pesimismo cunde entre los vecinos, que no lo ven suficiente. El abogado defensor de los afectados reconoce que la empresa nunca se sentó a negociar las posibles reformas y que estas se han hecho solo a golpe de sentencia.
A estas alturas, los gastos derivados de las sentencias ya han costado, aparte de un tirón de orejas, un buen pellizco a las arcas públicas, consecuencia de una gestión de Xestur Ourense que dejó a esta empresa pública en "quiebra técnica" ya en el año 2006.
