ACCESO A UNA VIVIENDA

El déficit de vivienda pública penaliza a jóvenes y familias ourensanas

Ourense es la provincia donde menos dotaciones de este tipo se han transferido en diez años

La Xunta está rehabilitando varias viviendas en la ciudad
La Xunta está rehabilitando varias viviendas en la ciudad
El déficit de vivienda pública penaliza a jóvenes y familias ourensanas

El frenazo inmobiliario, percibido con claridad desde la crisis, también aparca la construcción y venta de viviendas protegidas. Hasta tal punto que Ourense es la provincia española donde se han vendido menos dotaciones de estas características, según el Ministerio de Fomento. Este departamento del Gobierno central certifica que se transmitieron únicamente 151 viviendas de este tipo desde el año 2014 hasta el tercer trimestre del año 2017, última fecha auditada por el ministerio. Le siguen Zamora (210), Teruel (231), Ávila (241), Girona (260) o Soria (281).

Pero, ni antes ni ahora, han ido mejor las cosas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Ourense vive instalada también en el farolillo rojo en comparación con las otras tres provincias gallegas. Desde el 2007, el dato se repite año tras año hasta finales del 2017. Entre enero y noviembre del pasado ejercicio, se vendieron en Ourense 73 viviendas protegidas. Sin embargo en A Coruña se formalizaron 246 operaciones en el mismo periodo; en Lugo, la cifra fue de 213 y en Pontevedra, 205. Es decir, únicamente el 9,9% de todas las transmisiones hechas en el citado periodo se produjeron en la provincia. Esa notable diferencia acentúa por lo tanto las dificultades de particulares y familias con menos recursos para acceder al derecho a una vivienda digna.

Ángel Feijoo, delegado de Cáritas, recuerda que "el 30% de nuestros recursos anuales, que son de un millón de euros anuales, aproximadamente, se destinan a ayudas para pagar la vivienda". Recuerda que "mantener y acceder a una vivienda básica está dejando a muchos ourensanos en situación de vulnerabilidad". 

A finales del 2016 había en Ourense un 11,4% de familias que abonaban de media 286,4 euros mensuales, aproximadamente el 20% de los ingresos medios por hogar. A su vez, un 13,52% de las familias de la provincia soportan sobre sus economías una hipoteca media mensual de 368 euros.

Tampoco los jóvenes lo tienen fácil para acceder a la vivienda. La última Enquisa Estrutural dos Fogares cifra en 29.957 los ourensanos de entre 18 y 35 años que viven en casa de sus padres. La falta de recursos para emanciparse es uno de los condicionantes. 

Sin embargo, también Ourense es la provincia gallega con menor número de demandas de vivienda de promoción pública. Los datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo cuantifican en la actualidad 37 demandantes ourensanos para comprar una dotación de este tipo, mientras que en Lugo son 66; en A Coruña, 241 y en Pontevedra, 267. Para alquiler se cuantifican 323 solicitudes, cuando en Lugo se llega a 487; en A Coruña, 2.725 y en Pontevedra, 3.478.

EN MARCHA

Con el fin de corregir la deriva estadística negativa, la Xunta está realizando algunas apuestas, sobre todo en la capital. El pasado mes de abril empezaban las obras para ocho nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de Covadonga. Está previsto que se entreguen en el 2019 después de una inversión que la Consellería de Infraestructuras ha cuantificado en 800.000 euros. En el casco histórico, en las rúas Vilar y Cervantes, se están llevando a cabo actuaciones similares. 

SE DEBE ACREDITAR LOS INGRESOS MÍNIMOS

El procedimiento para acceder a una vivienda de promoción pública en Galicia tiene que pasar por los siguientes trámites. Por una parte, inscribirse en el llamado Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, del Insitituto Galego da Vivenda e Solo. Después se procederá al sorteo y adjudicación de las viviendas y acreditación de que se cumplen los requisitos para acceder a  ella. El cuarto paso será  la adjudicación definitiva y firma del contrato. Para acceder a las viviendas de protección autonómica de régimen especial los ingresos deben ser como máximo 2,5 veces el IPREM). Las de protección autonómica de régimen general (ingresos máximos 4,5 veces el IPREM) y las de protección autonómica de régimen concertado exige ingresos máximos de 6,5 veces el IPREM).