El exdirectivo, citado como imputado por posible delito de administración desleal, y el sindicato CIG quiere que se amplíe la investigación
El juzgado de lo social de Ourense denegó la indemnización de 230.000 euros pedida por el director general de Aspanas (Asociación de pais e nais de jóvenes e adultos con discapacidade física e intelectual) al grupo empresarial, tras su despido en junio de 2013, basada en una cláusula de su contrato que estipulaba una indemnización de diez años de salario en caso de despido.
La sentencia fue dada a conocer por el sindicato CIG en una rueda de prensa en la que recordó que en varias ocasiones denunció la situación de los más de 100 trabajadores repartidos entre varias empresas del mismo grupo, porque llevaban hasta siete meses sin cobrar su salario y luego se fueron quedando sin trabajo a raíz de expedientes de regulación de empleo.
La sentencia detalla que la cláusula en la que se basa la demanda del exdirector general y responsable de recursos humanos de Aspanas estaba en el último contrato firmado en 2007 entre el directivo y la entonces presidenta de la asociación sin ánimo de lucro, Maruxa Román Vázquez, "sin conocimiento de la junta directiva que existía en aquel momento ni de la actual, y sin aprobación de la asamblea".
El titular del juzgado de lo social número 2 fundamenta la declaración de despido procedente y el rechazo de la indemnización en que la actuación del exdirectivo supuso una "transgresión de la buena fe contractual" al realizar operaciones "de importancia trascendental para la asociación" de las que tampoco informó a la misma "ni mencionó en los informes que presentó a petición de la actual junta directiva".
NUNCA INFORMÓ
En ese sentido, detalla que esas actuaciones fueron depositar en una cuenta suya personal del Banco Popular 100.000 euros y contratar un préstamo con el BBVA de 141.000 euros como anticipo de una subvención cuya recepción estaba prevista para el coste salarial, en nombre de Aspanas Termal.
Según la sentencia, en febrero de 2014 el banco reclamó la devolución del crédito a la nueva directiva de la empresa por incumplir la obligación de pago del préstamo pedido en nombre de la empresa por su director general, un año antes, a cargo de una subvención que ya estaba cobrada cuando pidió el adelanto bancario.
El juez consideró que con esas actuaciones el directivo fue autor de "incumplimiento grave y culpable previsto en la ley para que un despido sea declarado procedente", por lo que desestimó la demanda de Juan José R.F. para cobrar la indemnización porque su despido fue "procedente".
SEGUNDO INTENTO
La sentencia conocida este miércoles, del 23 de octubre de 2014, responde a la segunda demanda presentada por el exdirectivo de Aspanas, en este caso contra la propia asociación, contra el administrador concursal Fernando Caride y las empresas Amencer Reciclado, Aspanas Termal SL y Fundación Amences Aspanas.
En su segunda demanda, el exdirector general amplió la primera presentada a comienzos de 2014 contra Aspanas por su despido, que él consideró improcedente. La sentencia correspondiente, del juzgado de lo social número 1, rechazó la demanda del despedido y absolvió a la empresa Aspanas.
Durante aquella vista celebrada en mayo de 2014 el fiscal dijo apreciar "indicios de delito de administración desleal" y pidió traslado de diligencias a la vía penal.
En la rueda de prensa de la CIG, el portavoz del área de Servicios, Anxo Pérez Carballo, explicó que Juan José R.F. fue citado a declarar como imputado en el juzgado de instrucción número 2 el próximo lunes día 3 de noviembre en relación con esos indicios detectados por el fiscal.
DEMANDANTE AHORA IMPUTADO
Pérez Carballo relató que el procedimiento judicial abierto "pondrá en evidencia un negocio casi inmoral que durante un tiempo montó alguna gente con trabajadores discapacitados para beneficio personal".
En ese sentido, relató que en 2014 entró una nueva directiva "con intención de sanear el emporio montado antes" y se refirió a la expresidenta Maruxa Román para incluirla en el grupo de directivos que antes quiso "escapar del control de los padres y madres de la asociación" y la acusó de "montar una fundación para seguir controlando pues ahora sigue ahí como presidenta".
En alusión al exdirector general y las dos sentencias contrarias a sus intereses, dijo que el pago de la indemnización que él reclamó "supondría la ruptura total de la empresa pues sólo lo que él pedía ya cubriría los salarios que tienen sin cobrar los trabajadores".
"Es curioso que en su segunda demanda, ampliase la reclamación a todas las empresas del grupo, pues siempre mantuvieron antes, en todas las demandas de los trabajadores, que las empresas no son un entramado sino independientes", añadió, y concretó que además "aportó como testigo a su esposa, Rosa Carrera, gerente de Aspanas Termal, la empresa que ahora debe más de seis meses de salario a sus empleados".
PIDEN RAPIDEZ AL FISCAL
Por su parte, el responsable comarcal de CIG, Etelevino Blanco, anunció que aportará a la Fiscalía de Ourense toda la documentación que tiene sobre lo ocurrido en Aspanas y su entramado, pues tal como denunciaron antes en relación a los despidos sucesivos de empleados discapacitados, consideran que hay posibles delitos de malversación de fondos públicos, alzamiento de bienes y otros.
"Resulta evidente ahora, como ya denunciamos en su momento, que hay un entramado de empresas con un único empresario y todos los juzgados, incluido el TSXG, se dieron cuenta salvo el mercantil, así que ahora le pedimos al fiscal que no mire para otro lado y que actúe tan rápido como hace en otros casos, pero esta vez, en un tema de calado que necesita contundencia", agregó Blanco.
