En un caso que se afecta también al alcalde de A Coruña o el arzobispo de Santiago, el letrado Eduardo Ranz ha presentado una querella contra Leonardo Lemos por "un delito contra la independencia del Estado"
El abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso, especializado en Derechos Humanos, ha presentado una denuncia contra el arzobispo de Santiago de Compostela y el obispo de Ourense, así como contra los alcaldes de A Coruña y de los municipios coruñeses de Betanzos y Coirós, por mantener la simbología franquista.
En profundidad, contra el arzobispo de Santiago de Compostela y el obispo de Ourense, Julián Barrio y José Leonardo Lemos, respectivamente, ha formalizado denuncia penal "por un delito contra la independencia del Estado, castigado con la pena de prisión de uno a tres años", apunta el letrado en un comunicado.
A los escritos presentados en los juzgados de Instrucción de estas localidades, se suma también otros presentados ante los propios Consistorios y el Obispado y Arzobispado reclamando la retirada de la citada simbología franquista.
En concreto, ha cursado estas peticiones ante los ayuntamientos de A Coruña, Betanzos y Coirós, así como en el de Celanova. A ellos, se ha sumado los presentados ante el Arzobispado de Santiago y el Obispado de Ourense, apelando a la retirada de esta simbología en base "a las normas de Derecho Constitucional Canónico", ha precisado el propio letrado.
CALLES Y DISTINCIONES
En los procedimientos, se incluye desde una cruz de homenaje a los caídos en la Iglesia de Santa Maria de Oís, en Coirós (A Coruña) hasta las medallas de oro y distinciones concedidas en A Coruña, como la de hijo adoptivo al expresidente de la Xunta Manuel Fraga durante la etapa franquista; las calles y plazas con simbología franquista o una placa en la catedral de Ourense "de exaltación de la guerra civil y la dictadura".
En el caso de los alcaldes de A Coruña y Coirós, Carlos Negreira y Francisco Quintela Requeijo, del PP, y el regidor de Betanzos, Ramón García Vázquez, del PSOE, ha formalizado la denuncia por delito de desobediencia.
Así, sobre el motivo de esta iniciativa, señala que "nadie con valores democráticos puede defender o entender esta mezcla entre Estado e Iglesia". "No es de recibo desde un mínimo de sentido democrático y de sentido común, se trata de una ofensa absolutamente intolerable para cualquier demócrata", añade sobre el mantenimiento de la citada simbología en edificios eclesiásticos.
