El promotor que ejerce la acusación popular dice que la edil "eludió conscientemente la legalidad"
El promotor que denunció a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, por la legalización de un parking en el subsuelo de la plaza de San Antonio y el pago de una indemnización a una vecina reclama un total 21 años de inhabilitación para la edila. El escrito de calificación de la acusación popular, que pide la apertura de juicio, atribuye a Soto dos delitos de prevaricación administrativa (uno por omisión) y uno más en el ámbito urbanístico. Asimismo, califica de delito de prevaricación urbanística la actuación del abogado coruñés Carlos Hernández por lo que pide para él la inhabilitación durante siete años, además de 3.600 euros.
El letrado, Antonio Feijóo, que representa a la hija del promotor Bautista Rodríguez, ve como hechos punibles, según su escrito, la propuesta de la concejala en la junta de gobierno local extraordinaria de diciembre de 2007 para votar a favor "de dar licencias de legalización de obra, ocupación, usos y apertura de un aparcamiento en el subsuelo público de la plaza", teniendo pronunciamientos en contra (menciona una sentencia firme del TSXGde 2004).
"La edila tenía plena conciencia de su ilegalidad, por ser licencias contrarias a las normas legales, de las que prescindió de forma consciente", señala, en la vez que alude a la "dilatada" experiencia en materia urbanística de Soto.
Dos meses antes de esa junta de gobierno local, el abogado Carlos Hernández emitió, en calidad de asesor externo del Concello, un informe jurídico que avaló y dio cobertura a las licencias otorgadas después. El letrado asesor "eludió conscientemente el fundamento del fallo judicial, donde decía que, tanto el suelo como el subsuelo de la plaza de San Antonio, fueron cedidos obligatoriamente a dominio público municipal, por lo que no cabe aprovechamiento privado del subsuelo, a no ser por una concesión administrativa", dice Miranda. La edila de Urbanismo, según la acusación popular, no pudo obtener de los funcionarios municipales un informe favorable al otorgamiento de las licencias para legalizar la construcción, ocupación y uso del subsuelo público de la plaza.
El escrito de calificación se refiere también a una segunda junta de gobierno, en marzo de 2009, en la que Soto votó a favor de un acuerdo entre el Concello y una vecina que vive en un edificio afectado por las nuevas construcciones de la plaza. A ella se reconoció una "escandalosa indemnización" de 358.828 euros no fijada por resolución judicial para resarcirla "de un daño que no corresponden con el realmente causado" (reducción de luminosidad).
Por su parte, la titular de Urbanismo recuerda que la junta de gobierno de diciembre de 2007 legalizó las edificaciones y el uso privado del subsuelo en San Antonio en base al PXOM 2003, "vigente en aquel momento, y que admitía en el ámbito litigioso la titularidad privada del aparcamiento situado en el subsuelo”.
