INCENDIOS

Las denuncias por incendios llevaron a 51 personas de la provincia al juzgado en el último año

La Fiscalía de Medio Ambiente de Ourense descarta la existencia de tramas organizadas en la oleada incendiaria de 2017

Las denuncias por incendios llevaron a 51 personas de la provincia al juzgado en el último año

A un mes de que la campaña de alto riesgo de incendios despliegue todos sus efectivos, la Fiscalía de Medio Ambiente ya está vigilante. Sobre la mesa, muchos de los procedimientos penales alusivos a personas detenidas el pasado año por fuegos forestales. Un periodo especialmente "aciago en Ourense y en toda Galicia en cuanto los múltiples incendios que se han producido", tal como reconoce la fiscal responsable del servicio, Carmen Eiró Bouza. Basta recordar que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), en Ourense ardieron el año pasado 30.309 hectáreas, la mitad del cómputo gallego.

Según sus datos, en 2017 se detectaron 118 delitos en procedimiento judiciales incoados (52 en 2016). En total, 51 personas imputadas, seis de ellas llegaron a ser detenidas, tal como detalla la estadística del Seprona de la Guardia Civil, que es la que maneja la fiscalía a nivel oficial.

Los meses con mayor número de detenidos/investigados fueron mayo y octubre, con siete, respectivamente. Precisamente, en octubre ardieron más de 17.000 hectáreas, la mayor parte a mediados de mes, cuando la campaña de extinción ya había finalizado. Solo ese fin de semana, 16 fuegos azotaron a toda Galicia.

En concreto en la provincia ourensana, en Vilariño de Conso se contabilizaron cuatro: en San Cristovo (56 hectáreas); Chaguazoso (400); Sabuguido (50) y Castiñeira (30). En Manzaneda, dentro de la misma circunscripción, las llamas arrasaron 20 hectáreas en Paradela. El concello peor parado fue Lobios, con 761 hectáreas del Parque Natural del Xurés afectadas con tres focos. En Chandrexa de Queixa, dos fuegos afectaron a 33 y 20 hectáreas, respectivamente. En Vilar de Barrio, 125 hectárea.

Consciente de que esta oleada puso el foco sobre las tramas organizadas, al igual que sucedió en 2016, Eiró Bouza las descarta por completo. "No estamos en presencia de una trama organizada y así lo ha demostrado el avance en la investigación de los distintos incendios forestales". Las causas, tal como argumenta, se deben a varios factores, principalmente, al abandono del medio y a la ausencia de una política forestal preventiva "que frene la propagación de unos fuegos que cada vez son más devastadores".

Y aboga por explotar de una forma sostenible el monte y sus riquezas, "invirtiendo desde el punto de vista político y económico en ello". Máxime si tenemos en cuenta que la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y el aumento de las temperaturas hacen que los incendios sean más frecuentes y de mayor intensidad. Pero, según recalca, el enfoque debe cambia, con más medios, equipos y "políticas integradas que aporten unos compromisos razonables entre los aspectos medioambientales, sociales y económicos".


Diseño del entorno


Preocupa, sobre todo, la presencia de las llamas en la interfaz urbano forestal -casas y zonas forestales densas en un área-. "Es necesario una gestión adecuada, con el desarrollo de un conjunto de estrategias que aumenten el nivel de seguridad de las comunidades locales, incluyendo diseño del entorno, las recomendaciones para construir edificios seguros, la planificación para responder ante los incendios (defensa y evacuación) y la educación, porque la gente debería saber que vive en un enclave arriesgado y debe de asumir una serie de responsabilidades para defenderse y evitar el riesgo para la vida, explica.


La Xunta estudiará las parroquias con más actividad incendiaria


La Consellería do Medio Rural iniciará esta semana las reuniones de estudio y control de las 77 zonas de Galicia que mayor índice de actividad incendiaria presentan. El objetivo, según señala la Xunta, es controlar "sobre o terreo" las "causas, consecuencias e peculiaridades" de los incendios en cada una de las parroquias con más actividad incendiaria. De ellas, el 68% está en la provincia de Ourense. Atendiendo a esta realidad, la primera de las reuniones en las que técnicos de Medio Rural, alcaldes, fuerzas de seguridad y agentes sociales perfilarán planes específicos para cada área estará centrada en la zona de los concellos de Maceda, Padrenda, Vilamarín y la capital. La Xunta recalca que la meta última es estudiar las causas que convierten estas parroquias de alta actividad incendiaria en puntos conflictivos para los fuegos forestales y, de este modo, articular planes de "prevención, disuasión, extinción e investigación" de los incendios. 

Las reuniones se irán celebrando en las cuatro provincias antes de que empiece la temporada de alto riesgo de incendio.


Imputados trabajadores de brigadas


Entre los investigados están tres trabajadores de una brigada de extinción por un fuego ocurrido el 21 de enero de 2017 en Camba (Laza). Dos testigos aseguran que uno de los tres se bajó del vehículo que utilizaban y prendió fuego al monte (0,01 Ha de raso).

El Juzgado mixto de Trives instruye diligencias en las que un vecino de Chandrexa, Gerardo C.N., está  imputado en cinco incendios de carácter intencionado para la limpieza de matorral. Ocurrieron entre marzo y mayo de 2017 en Monte de Castelo. En O Barco, Amancio .R.B. declaró por un fuego por motivos de caza que el 20 de marzo arrasó 34,77 hectáreas en Casaio (Valdeorras).

Dos de los 51 investigados en 2017 llegaron a estar en prisión provisional. Michael G.F., miembro de una brigada de Lobios, fue detenido el 9 de octubre  por seis incendios entre el 30 de julio y el 2 de octubre: plantaba fuego al comienzo de la jornada laboral cuando tenía trabajos de desbroce. Este brigadista acusó a J.D.G. de pagarle dinero por prender fuego, quien llegó a ser detenido, pero se sobreseyó el caso contra él.

También estuvo encarcelado dos meses  Miguel Ángel M.N. por un fuego en el fin de semana negro de octubre que afectó a una hectárea de arbolado en Os Blancos.