El gobierno local renuncia a aprobar provisionalmente el PXOM en este mandato y la ordenanza provisional pende de un hilo en el Tribunal Superior
El inicio del nuevo curso político tiene especial interés cuando a ocho meses vista hay que pasar la reválida del electorado, que no es otra que las elecciones municipales de mayo. Por eso, es momento de agilizar proyectos y ejecutar inversiones para vender gestión en la campaña electoral. Pero la tarea no es tan fácil en la ciudad de As Burgas, con un alcalde saliente -pues ha anunciado que no optará a la reelección- que dirige un gobierno en minoría y fragmentado, e incapaz de llegar a consensos, por eso sigue en solitario en el via crucis de tramitación del presupuesto de 2014, buscando aprobarlo en junta de gobierno aunque su efectividad será mínima a estas alturas del "curso".
Pero además cuenta con una oposición a la que tampoco interesa ahora llegar a acuerdos, cuando faltan pocos meses para las elecciones municipales; por eso ha vetado, por ejemplo, el pago de cerca de 800.000 euros a proveedores y el destino de buena parte de otros 12 millones de euros de remanente de tesorería que iban a reducir deuda pública.
A esas dificultades se suman la absoluta judicialización de la gestión municipal, que mantiene al alcalde, Agustín Fernández, imputado en tres asuntos diferentes y a la poderosa edil de Urbanismo, Áurea Soto, denunciada, e imputada, en seis, además de otros concejales. La gestión llevada a los tribunales también ralentiza la actividad de los funcionarios, reacios a firmar informes que pueden acabar en el juzgado, y ello paraliza proyectos y actuaciones.
La situación económica, sin presupuesto, limita enormemente los proyectos de inversión -y el prometido plan de empleo-, pero la urbanística no le anda a la zaga. Tanto que se espera, con pánico, la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a propósito de la ordenación urbanística provisional, que se puso en marcha cuando cayó el planeamiento de 2003. Hay nueve recursos planteados contra ella y previsiblemente sea anulada, al menos parcialmente, en un plazo no superior a dos meses, en todo caso antes de que acabe el año.
Ello supondrá la paralización de todos los proyectos en marcha o en tramitación, desde el PERI de As Burgas -el que pretende crear el gran hotel balneario de la ciudad en la antigua cárcel, que probablemente no vea la luz en este mandato- hasta el centro de salud de O Couto o el propio Palacio de Justicia que se construye en ese barrio.
El problema se agrava porque no será posible aprobar provisionalmente el nuevo PXOM, que está en fase de informes y contestación a las alegaciones presentadas tras una aprobación inicial, que se pudo efectuar entonces por la abstención de los grupos de la oposición. Pero ahora la situación es diferente; PP y BNG han cuestionado numerosos puntos del nuevo planeamiento y es casi imposible que den el visto bueno necesario, a tan pocos meses de los comicios. Pero aunque hubiese consenso, tampoco habrá Plan puesto que, según la concejala de Urbanismo, será imposible someterlo a aprobación en estos meses por la necesidad de elaborar un nuevo informe, el que exige ahora la Confederación Hidrográfica, que es realmente un estudio hidrológico de todos los cauces del municipio.
