Un auto del Tribunal Superior de Madrid permite aplazar el reintegro hasta que fallen los jueces, si al final ordenan pagar
La Diputación de Ourense no tendrá que reintegrar a la Dirección general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda los 10,1 millones que reclama la Oficina europea contra el fraude (Olaf) -por la gestión de los planes Daredo y Deputrans para la instalación de más de un centenar de minidepuradoras en los pequeños concellos- hasta que finalice el pleito iniciado en el ámbito contencioso-administrativo por la propia institución provincial, eso si finalmente la resolución judicial definitiva determinase la devolución del dinero.
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acepta la suspensión cautelar del reintegro planteada por el gobierno de la Diputación, lo que aleja, de momento, la necesidad de desprenderse de esa cantidad y alivia las arcas de la institución, aunque el presidente, Manuel Baltar, ya había negociado y conseguido de la Dirección de Fondos Comunitarios reducir a la mitad la devolución demandada; el otro 50 por ciento iría con cargo a subvenciones europeas pendientes de cobro por la Diputación.
Satisfacción en el PP
La resolución del tribunal madrileño dará argumentos hoy al gobierno del PP frente a la oposición, a la hora del debate previo a la aprobación del presupuesto de la institución para 2015. Porque las cuentas previstas para el año próximo no incluyen partida alguna para hacer frente a ese gasto que ya no es, por ahora, necesario; y esa era la principal línea argumental de PSOE y BNG para rebatir el proyecto del próximo ejercicio económico.
Manuel Baltar, que declaró no tener conocimiento de la resolución, precisó que, si se produce en ese sentido, favorece enormemente a la Diputación, que no tiene que desembolsar ese dinero y, con ello, atiende y estima la propuesta llegada desde Ourense. Él cree que "finalmente, el proceso judicial finalizará con una resolución favorable a la Diputación" pero, aunque no fuese así, sólo la admisión de la suspensión cautelar por los jueces y el acuerdo con la Dirección de Fondos Comunitarios para abonar desde las arcas provincias la mitad del dinero demandado, plantea una situación acerca de este tema "aún más favorable". Ese acuerdo propuesto por la Diputación fue aceptado tras un proceso negociador, por el que la institución ourensana aportaría, llegado el caso, 5.198.454 euros, en lugar de los 10.123.053 iniciales. Los 4.924.599 euros restantes se detraerían de dos subvenciones retenidas en la Dirección general por ese importe total.
A juicio de Baltar Blanco, el auto del Tribunal Superior, si confirma esa resolución, estima también que la Diputación sabe "exponer sus argumentos de forma razonada", dando por buenas sus propuestas; y todo ello sin "dramatismos", favoreciendo "a la Diputación, a sus arcas públicas y a los presupuestos de la institución". De momento, ya se atrasa el pago, que se produciría si finalmente los jueces así lo resuelven. Pero el fallo no llegará, previsiblemente, hasta final de 2015 o en 2016.
En realidad, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que, "efectivamente, los perjuicios (que declara la Diputación que se le acarrearían teniendo en cuenta el desembolso a ejecutar) son evidentes, y sin analizar en esta fase el destino o finalidad de la subvención ni el grado de incumplimiento, considera procedente la suspensión cautelar de la ejecución del acto".
Acepta, por tanto, suspender la ejecución del acto impugnado, concediendo la medida cautelar solicitada.
